Fernando Grande-Marlaska ha expuesto en la Cadena Ser las razones por las que el Gobierno no retirará el recurso que interpuso el Ejecutivo del PP contra la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones en caliente y aguardará al fallo definitivo, previsto para septiembre, antes de tomar una decisión sobre estas prácticas. Y lo ha hecho englobando esta decisión en el marco de una política migratoria común, una idea cada vez más presente en el argumentario de gran parte de las formaciones políticas, colectivos y asociaciones europeas.
El ministro de Interior se basa en el discurso europeísta del Gobierno socialista. Por ello, considera que en materia de inmigración y de gestión de fronteras se debe adoptar una política conjunta en toda la Unión Europea y no exclusivamente en España. "Las fronteras también son de la Unión Europea; si generamos Unión Europea, generamos Unión Europea. Somos dependientes de los criterios de la Unión Europea".
Marlaska ha reconocido que Francia, Bélgica o Alemania mostraron apoyo a España cuando se recurrió la sentencia con la que el Tribunal de Derechos Humanos señalaba las prácticas de devolución de inmigrantes a Marruecos. Estos países entendieron que debía ser estimada la petición de recurso, algo en lo que se basa para esperar al fallo de la Unión Europea, a pesar de que en junio se valoró retirar dicho recurso, de que miembros del Gobierno hayan manifestado no sentirse cómodos con este instrumento permitido por la ley nacional actual y de que el propio Pedro Sánchez prometiera acabar con las devoluciones en caliente en su discurso de investidura.
En defensa de la Ley Mordaza
El Gobierno socialista defendió hace unos días las devoluciones en caliente en un escrito remitido a Bruselas utilizando argumentos del PP. El documento evitó citar la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Rajoy, -a la que el PSOE hizo una férrea oposición- la conocida popularmente como Ley Mordaza que es la base jurídica que dio pie a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a llevar a cabo estas prácticas.
El texto legal defiende que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Ante la pregunta de si se sentía cómodo defendiendo ante Bruselas, Marlaska ha confesado que garantizar los derechos fundamentales y las libertades de todos los ciudadanos es "complejo" y que no quiere "hacer guerra del acontecimiento".
¿Asilo en otros países?
En el escrito de defensa remitido a Bruselas por el Ejecutivo se barajaba la posibilidad de pedir asilo en las oficinas consulares de España en países africanos antes de cruzar la valla. Los subsaharianos llevaban más de un año en Marruecos y, según el escrito, España considera que podrían haber optado por esta opción, recordando que entre 2015 y 2017 sus consulados en Bamako (Mali) y Abiyán (Costa de Marfil) -capitales de los países de procedencia de los subsaharianos que serían indemnizados- tramitaron 65 visados de trabajo y que en los propios puestos fronterizos de Melilla se concedió la condición de asilados a 6.873 ciudadanos extranjeros.
Marlaska ha insistido en esta idea y se ha vuelto a poner sobre la mesa otro de los argumentos del documento: que Marruecos es un país seguro y donde existe la posibilidad de pedir asilo. "La Gran Sala valorará si esa persona pudo pedir asilo en Marruecos. Son cuestiones muy complejas desde un punto de vista jurídico. No es blanco o negro", ha manifestado, apenas un día después de las informaciones publicadas sobre el fallecimiento de dos inmigrantes durante las redadas y traslados forzosos realizados por la policía marroquí.
