El vicepresidente autonómico “acata pero no comparte” la decisión del Tribunal Superior porque “hay indicios jurídicos avalados por otros jueces que dieron la razón al Ejecutivo melillense”.
El consejero de Fomento y vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, compareció ayer ante los medios de comunicación para dar el parecer del Gobierno autonómico sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula todos los artículos del Reglamento de la Policía Local referentes a los Agentes de Movilidad y a los Agentes de Medio Ambiente, al considerar que la creación de estos dos grupos de empleados públicos no se ajusta a la ley.
La postura del Gobierno local es clara en este aspecto: “Asumen y acatan la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la comparten”. En palabras del vicepresidente autonómico, y a pesar de la resolución judicial, “las cosas se hicieron de manera correcta en lo concerniente al Reglamento de la Policía Local” y recalcó que las sentencias anteriores a la del TS, las del Juzgado de Melilla y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fueron favorables a la Ciudad Autónoma.
Hizo especial hincapié en la del TSJA, en la que ocho magistrados dieron la razón al Ejecutivo local. “Quedó claro que el Reglamento se ajustaba la legalidad vigente y se amparaba en el Estatuto de Autonomía y en el Estatuto Básico del Empleado Público”, subrayó Marín, quien aseguró que ello indica que el Gobierno local “hizo las cosas de forma correcta”.
Además, anunció que el Ejecutivo local está estudiando la posibilidad de recurrir la decisión del TS al Tribunal Constitucional. “Hemos hecho las cosas con sensatez”, defendió Marín.
Situación laboral
Por otro lado, destacó que la Consejería de Administraciones Públicas se encuentra evaluando cómo resolver la situación en la que se encuentran los agentes de Movilidad y Medio Ambiente. “A día de hoy, lo único seguro es que realizarán las funciones que puedan y que no choquen con la sentencia”, agregó el segundo de a bordo del Gobierno local. Asimismo, señaló que existe “un estrecho contacto” con los afectados para comunicarles cualquier novedad en el caso.
Asimismo, el vicepresidente consideró que esta sentencia “deja en evidencia el sistema de la Ciudad Autónoma para regular ciertos aspectos”. En su opinión, cualquier ayuntamiento español tiene más competencias que Melilla. “Es una paradoja, nos equiparan con un pueblo de cincuenta habitantes perdido entre las montañas”, lamentó, “es injusto”.
“La oposición roza el insulto”
Al hilo de sus declaraciones, el vicepresidente autonómico consideró que desde que se dio a conocer la decisión del TS, varios partidos de la oposición han realizado declaraciones “que rozan el insulto”, aunque no indicó a qué formación política se refería en concreto. Además, no dudó en señalar al ex delegado del Gobierno y actual secretario general del Partido Socialista (PSOE), Gregorio Escobar, como el culpable de lo ocurrido.
“Su intención era dejar en evidencia a Melilla, que nos veamos con menos competencias que un ayuntamiento”, reprochó Marín, pues fue la Delegación del Gobierno quien llevó el Reglamento de la Policía Local ante los tribunales en 2009.
Para finalizar, remarcó que, a raíz de lo ocurrido, el Gobierno local “se replantea” la posibilidad de retomar la modificación del Estatuto de Autonomía para evitar situaciones como ésta.
No obstante, señaló que se trata de un trámite “largo y complejo” y que, aprovechando la buena sintonía existente a día de hoy con la Administración del Estado, el Ejecutivo de Melilla “trabaja en otras líneas”, aunque no precisó en cuáles concretamente.
“Las multas que se han puesto son jurídicamente legales”.
“Las multas son legales porque cuando se pusieron el Reglamento estaba en vigor en su día”. Con estas palabras el vicepresidente quiso poner punto y final a los rumores que circulan sobre la posible invalidez de las multas puestas por los Agentes de Movilidad ahora que el TS ha determinado que su figura es contraria al derecho.
“Le pido a los melillenses que no se dejen engañar por las habladurías. Las multas son completamente legales”, reiteró el segundo de a bordo del Ejecutivo autonómico.
Asimismo, afirmó que quienes están divulgando dicho rumores “tan sólo están intentando intoxicar a la opinión pública, enredando sin parar. Lo que dicen es una auténtica temeridad”.
Del mismo modo, argumentó que en las sentencias anteriores a la del Tribunal Superior “se da por buena la autoridad los Agentes de Movilidad para multar”, por lo que, en palabras del vicepresidente, no se devolverá el dinero de las multas puestas por estos profesionales.
En cuanto a las funciones que realizarán a partir de ahora, con su figura invalidada, remarcó que desde el área de Administraciones Públicas se está buscando una solución al respecto.
