Asegura que no cometió ninguna irregularidad con la contratación de un arquitecto y se muestra convencido de que el caso será sobreseído l Muestra su confianza “en la Justicia con mayúsculas”.
El vicepresidente autonómico y consejero de Fomento, Miguel Marín, negó ayer tajantemente que se encuentre procesado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación de un arquitecto. No obstante, en declaraciones realizadas a los medios de comunicación, el número dos del Ejecutivo reconoció que un auto del Juzgado Número 1 de Melilla abre la puerta a que pueda ser procesado por este caso.
Sin embargo, explicó que no se encuentra actualmente en esa situación, pues aún puede presentar un par de recursos ante la Justicia y se mostró convencido de que el caso será sobreseído. “En esta situación no hubo ni irregularidad alguna ni dolo por mi parte”, subrayó Marín ante la prensa. “Tengo confianza en la Justicia con mayúsculas”, afirmó el vicepresidente autonómico.
Así, señaló que tras el auto del Juzgado Número 1 tiene derecho a presentar un recurso de reforma. Si la resolución del mismo no le fuera favorable, podría plantear un recurso de apelación ante la Audiencia antes del procesamiento. “De procesado, nada”, aseguró. “Los que hablan de esto son un condenado por la Justicia, los que se van a sentar en el banquillo por delitos muy graves y empresarios multimillonarios piratas”, censuró Marín, en clara alusión a Ignacio Velázquez, la plana mayor de CpM y PSOE y Gustavo Cabanillas, respectivamente. “La Justicia me ampara y confío plenamente en ella. Este caso se sobreseerá”, insistió.
Ni dinero ni Suiza
De este modo, recalcó que no se le acusa “de llevarse dinero, ni de tener cuentas en Suiza”, sino por un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación de un arquitecto. “No he vulnerado ninguna ley. Además, no he tenido voluntad manifiesta de obrar mal”, añadió.
Para afianzar estas declaraciones, apuntó que cuenta con un informe de técnicos de la Ciudad Autónoma, así como otro del Consejo de Estado de julio de 2012, en los que se considera, por unanimidad, que la actuación de Marín fue “ajustada a derecho y sin vicio administrativo alguno”.
“Si el Consejo de Estado dijo esto, es imposible que haya delito de prevaricación”, defendió Marín. Asimismo, abundó que tras la emisión de este informe el Colegio de Arquitectos presentó un recurso, el cual fue rechazado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla.
Además, el Juzgado de lo Social señaló en noviembre de 2013 que el contrato firmado con el arquitecto en cuestión estuvo ajustado a derecho. De igual modo, en sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de julio del año pasado también se afirmó, según Marín, que su actuación fue correcta. “Por ello digo que confío en la Justicia”, insistió. “Estoy seguro de que me darán la razón en el primer o en el segundo recurso que puedo presentar”.
Asimismo, destacó que el jefe de Sección de Relaciones Laborales de la Ciudad, también imputado en este caso, ha sido absuelto, al no apreciarse indicios de prevaricación por su parte. “Si no hubo delito por parte del técnico, tampoco por parte mía. Es materialmente imposible”, aseguró. “Tienen que sobreseer el caso. De lo contrario, habrá que procesar a todo el Consejo de Estado, y a los jueces del Contencioso Administrativo de Melilla y del TSJA”, afirmó.
