El vicepresidente autonómico asegura que no se llevará a cabo la construcción de un bulevar y un parking en la zona si la mayoría de los habitantes de estas viviendas así lo expresa.
El Gobierno autonómico no ceja en su empeño de trasladar la realidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a los habitantes de la calle Infanta Elena, donde a largo plazo habrá un bulevar y un parking, según se recoge en dicho documento. El vicepresidente y consejero de Fomento, Miguel Marín, acudió el pasado martes a una reunión convocada por los vecinos para calmar los ánimos y mandar un mensaje de tranquilidad.
En manifestaciones realizadas en rueda de prensa, el segundo de a bordo del Ejecutivo local aseguró que están dispuestos a cancelar la futura actuación que está previsto realizar en la zona para que este grupo de melillenses estén tranquilos. En el encuentro del martes, Marín trasmitió a los vecinos que el PGOU se encontraba en fase de exposición pública y que si así lo deseaban podían presentar alguna alegación. En caso de que ésta se produjera, “el Gobierno captará el mensaje y está dispuesto a cancelar la obra”.
No obstante, señaló que estaba en la obligación de recordar a los habitantes de la calle Infanta Elena que el proyecto del bulevar y el parking no era ni a corto ni a medio plazo, así como que se mejorarían sus viviendas en caso de llevarse a cabo. “Si los vecinos se quedan más tranquilos si cancelamos esta iniciativa lo haremos. Al fin y al cabo nuestra labor de Gobierno es de cara a los ciudadanos. Sin embargo, perderán una buena oportunidad”, reseñó.
“Polémica artificial”
En cuanto a los rumores de que las casas se derribarían o se expropiarían, aseguró que se trata de una “polémica artificial” creada por dirigentes del Partido Socialista (PSOE) local. “Son expertos en intoxicar a la opinión pública, pero el martes tuve la ocasión de dar la cara y explicar a los vecinos que los estaban engañando”, aseveró.
De igual modo, destacó que en la reunión del martes estuvieron presentes dos dirigentes socialistas, uno de los cuales es habitante de estas viviendas, así como que habían sido ellos los que convocaron el encuentro. “Pregunté a los vecinos si existía algún problema en que yo también acudiera para ofrecer mi versión de lo ocurrido y se mostraron a favor, así que pude desmontar los rumores del PSOE y tranquilizarlos”, agregó.
En este sentido, apuntó que los socialistas les habían asegurado que los echarían de sus viviendas para la realización del proyecto que recoge el PGOU o que los expropiarían dándole a cada propietario 12.000 euros de indemnización.
“Somos un Ejecutivo completamente transparente”, aseveró el número dos del Gobierno local, quien insistió en que si los vecinos no están de acuerdo con la actuación que se va a llevar en la zona, se eliminará del PGOU.
En cuanto a las posibles alegaciones que puedan presentar los vecinos a este documento, Marín señaló que el Gobierno autonómico “escuchará la voz de la mayoría”, pues “es previsible que no exista unanimidad de opiniones al respecto”, según apuntó el vicepresidente y consejero de Fomento.
Una medida definitiva para poner punto y final a la polémica.
Con esta medida, el Ejecutivo de Melilla pretende dar por cerrada esta polémica, la cual se había enquistado en los últimos días pese a los esfuerzos realizados por la Consejería para calmar a este grupo de ciudadanos. Desde que comenzó a hablarse del hipotético derribo de las viviendas, Marín ha aclarado varias veces que no se echarían abajo y que su intención era hablar con los vecinos para saber cuál era su opinión al respecto.
El último movimiento del Gobierno para zanjar el asunto tuvo lugar la semana pasada, cuando se envió una carta oficial a los habitantes de esta calle para explicarles la situación. “Somos conscientes de que esta actuación, de no ser entendida en su significado urbanístico, puede producir inquietud en las personas que habitan las viviendas afectadas”, rezaba la misiva. “Para su tranquilidad, así como la de sus vecinos, hay que dejar claro que usted es el propietario de su vivienda y que, por tanto, tiene los mismos derechos que cualquier otro propietario de la ciudad. Esta Administración no está en ánimo ni de demoler ni de expropiar propiedad alguna. Siempre hemos actuado con el consenso de los afectados y lo continuaremos haciendo”, aclaraba el escrito.
En vista de que la calma no era absoluta, el Ejecutivo que preside Juan José Imbroda ha tomado una decisión definitiva: Cancelar la obra si los habitantes de estas viviendas así lo desean. Por tanto, podrán presentar alguna alegación mientras el PGOU continúe en fase de exposición pública, después de lo cual pasará por el Pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva.
