El vicepresidente autonómico asegura estar “muy tranquilo” por este asunto y asegura que “agotará los argumentos del Colegio de Arquitectos con los pertinentes informes”.
La sentencia del Contencioso Administrativo Número 2 de Melilla no es el único frente abierto que mantienen el Colegio de Arquitectos y la Ciudad Autónoma. Ambas partes se pronunciaron en la jornada de ayer sobre otro proceso judicial, el de la contratación de un profesional de este colectivo laboral en 2007 por parte de la administración local, cuestión que el Colegio denunció ante la Justicia hace tres años. El vicepresidente autonómico y consejero de Fomento de Melilla, Miguel Marín, señaló al respecto, que la actuación de la Ciudad en aquel entonces “fue correcta”.
“Denunciaron la contratación al Contencioso Administrativo y perdieron el juicio. A continuación, cinco integrantes del Colegio decidieron poner una querella contra el consejero de Administraciones Públicas”, que en aquel entonces era el propio Marín. “La gestión se realizó con los informes técnicos y jurídicos pertinentes, así como con el visto bueno del jefe de la Sección Pública y del secretario técnico de la Consejería. El amparo legal avala la contratación”, añadió.
Asimismo, indicó que existe un informe del Consejo de Estado a favor de la actuación de la Ciudad Autónoma. “En el texto, señalan que es ajustada a derecho, completamente legal. El que les habla está muy tranquilo por este caso, porque cuenta con toda la documentación necesaria para respaldar la contratación del arquitecto”, terció el vicepresidente.
Asimismo, apuntilló que el Colegio “no se ha pronunciado sobre estas cuestiones” y mostró su “plena confianza” en la Justicia. “Con todos los documentos técnicos y jurídicos con los que contamos, más pronto que tarde agotaremos los argumentos de este colectivo profesional”, afirmó. Además, lamentó que desde una organización de dicha características “se utilicen estos asuntos como arma arrojadiza contra el Gobierno autonómico”.
“Espero que con estos datos el caso haya quedado lo suficientemente claro y nos podamos dedicar a lo que realmente importa, que son los temas de ciudad”, aseveró. “Estas cuestiones sólo buscan llamar la atención. Con este Ejecutivo no funcionará. Lo que nos preocupa es hacer político en beneficio de los melillenses”, defendió.
Así pues, rechazo total del Gobierno autonómico a las declaraciones realizadas por el Colegio de Arquitectos. Se mantiene el ‘tira y afloja’ entre dicho colectivo y el Ejecutivo melillense.
El Colegio recuerda que el caso sigue abierto por la vía penal.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Melilla, Francisco Javier Herrera de la Rosa, señaló en la jornada de ayer que la Justicia apuntó, en primera instancia, “que se dan los requisitos para apreciar la desviación de poder alegada en que se incurrió en buscar la contratación concreta de una persona para ocupar un puesto de trabajo en la administración pública, sin cumplir la normativa prevista para su provisión”.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, De la Rosa explicó que el problema radicó en la falta de legitimidad del Colegio para denunciar la ocurrido. “La Ciudad Autónoma no recurrió la desviación de poder”, afirmó. “El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el fallo de la misma, pero al mismo tiempo Colegio de Arquitectos puso la querella correspondiente contra el consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, responsable del contrato”. Asimismo, indicó que el secretario técnico de Administraciones Públicas, “admitió que la contratación era nula de pleno derecho, lo que el Consejo de Estado desestimó a posteriori.
“En vista de esta decisión, nos juntamos cinco arquitectos y pusimos un contencioso administrativo, recientemente desestimado por el juzgado, al entender que, aún pudiendo haber anulabilidad del contrato, no es radical o de pleno derecho. Así pues, De la Rosa subrayó que el juez “no ha desmentido la desviación de poder indicada en la sentencia del 2010 ni la contratación irregular del arquitecto, estando el caso abierto por la vía penal”.
