El vicepresidente autonómico asegura que en la aprobación inicial de los planes urbanísticos de La Quinta, Aznalmara y Jardines del Mar, se sentaron las bases para no ceder suelo.
El consejero de Fomento y vicepresidente autonómico, Miguel Marín, salió ayer al paso de las manifestaciones realizadas por el diputado socialista Dionisio Muñoz, en las que acusó al Gobierno de Juan José Imbroda de firmar “un convenio ilegal con promotoras para hacer un uso privado de terrenos de carácter público”, cuestión denunciada por el Colegio de Arquitectos en el 2005 y sobre la que el Tribunal Contencioso Administrativo de Melilla dictaminó recientemente que la Ciudad Autónoma “debe depurar las irregularidades denunciadas” por este colectivo.
En palabras del número dos del Ejecutivo local, el dirigente del PSOE se pronunció “haciendo uso de su ignorancia y desvergüenza” e insistió en que los socialistas son los responsable del origen del convenio sobre el que se pronunció Muñoz, firmado “entre los años 2001 y 2003 por el entonces consejero de Fomento, Ernesto Rodríguez”.
Marín aseguró que los planes parciales y especiales en los que se dio pie al citado convenio se rubricaron en el año 1999, siendo consejera de Fomento la socialista María del Carmen Muñoz. El vicepresidente autonómico explicó con planos cómo se gestó la construcción de las urbanizaciones afectadas por este caso: Aznalmara, La Quinta y Jardines del Mar.
En el caso de esta última, resaltó que se redactó un plan especial para las obras. En el mismo, se acordaba la cesión a la Ciudad Autónoma de zonas verdes y terreno para equipamiento urbanístico. En el caso de estas últimas parcelas, era “prácticamente imposible” que el suelo pasara a la administración pública, ya que se encontraba entre varios terrenos privados, lo que evitaba que el resto de ciudadanos pudieran acceder al lugar.
Proyecto para romper
“Cuando se redactó este plan especial, el PSOE debería haberlo desechado”, afirmó Marín a los medios de comunicación mientras él mismo rompía los folios en los que se encontraba redactada una copia del documento.
Algo parecido ocurrió con la urbanización Aznalmara. Al igual que con la de Jardines del Mar, el suelo para equipamiento que debería haberse cedido a la Ciudad Autónoma estaba entre viviendas y viales de titularidad privada. “¿Cómo podían hacer uso de estos terrenos los melillenses si no podían llegar a ellos?”, apuntilló el consejero de Fomento. Tal y como hizo con la copia del proyecto de Jardines del Mar, apuntó que el PSOE debería haber rechazado el plan para Aznalmara en el año 1999 y rompió el documento ante los medios.
En el caso de la tercera urbanización en cuestión, la de La Quinta, que se llevó a cabo mediante un plan parcial, las zonas verdes y de equipamiento estaban fuera de la propiedad privada, aunque su cesión quedó pospuesta a causa de la firma de un convenio.
“A excepción de esta última, en el resto de zonas de viviendas era imposible que los melillenses accedieran a los terrenos que debían pasar a la Ciudad Autónoma”, insistió el número dos del Gobierno. Además, añadió que en los planes de las tres se incluía la posibilidad de que dichos terrenos fueran gestionados por manos privadas.
Asimismo, aclaró que durante la gestión de María del Carmen Muñoz se llevó a cabo la aprobación inicial de los tres proyectos, mientras que la fecha en la que se llevó la definitiva “es una pura anécdota”.
Esquizofrenia y esperpento
Al hilo de sus declaraciones, el vicepresidente y consejero de Fomento criticó con dureza a Dionisio Muñoz por las recientes manifestaciones que realizó sobre este asunto. “Habló de manera muy osada, sin ni siquiera informarse al respecto. Lo del PSOE es de pura esquizofrenia política. Con tal de atacar al Gobierno de Juan José Imbroda está criticando la gestión que su propio partido realizó en 1999”, apuntilló.
En la misma línea, salió al paso de las manifestaciones realizadas al respecto por el número tres de PPL, Benito Perelló, también miembro de la directiva del Colegio de Arquitectos. “De Muñoz me esperaba cualquier cosa, pero lo de Perelló es un esperpento. Está criticando el convenio que firmó en su día Ernesto Rodríguez como consejero de Fomento, cuando esta persona es miembro de su propio partido político”, manifestó.
“La oposición puede actuar como quiera, pero luego los melillenses los suspenden en las urnas, como ha ocurrido en los últimos años”, concluyó Marín.
“Lo de Julio Liarte con López Bueno es un delirio continuado”.
Marín también contestó las últimas manifestaciones del portavoz de PPL, Julio Liarte, sobre la supuesta incompatibilidad profesional del presidente de Promesa, José María López Bueno, y su trabajo como profesor asociado de la UGR.
El dirigente de PPL afirmó el lunes que Marín “urdió una burda estrategia para evitar que la Asamblea, bien en Pleno o en Comisión, examinara la supuesta solicitud de compatibilidad del presidente de Promesa”, así como que, cuando Marín era consejero de Administraciones Públicas, “se elaboraron dos informes para conceder la compatibilidad a López Bueno”.
El vicepresidente autonómico y consejero de Fomento afirmó ayer que lo de Liarte “es un delirio continuado” y se preguntó cómo no conoce esta materia “después de haber pasado años trabajando en la Ciudad Autónoma”.
“Es el Consejo de Administración de Promesa el que tiene que pronunciarse sobre las incompatibilidades”, subrayó el número dos del Gobierno.
