“No hay mejor código ético que cumplir la Ley”, afirmó Marín, que acusó a Liarte de cargar a la Ciudad 8.600€ en cursos de inglés.
La segunda interpelación de Populares en Libertad (PPL) instaba al Ejecutivo local a consensuar un “Código de Buen Gobierno” con el fin de “poner más escollos” a las prácticas corruptas. El presidente accidental, Miguel Marín, defendió la “honradez” de los miembros del Ejecutivo popular al tiempo que aseguró que “no hay mejor código ético que el cumplimiento de la Ley”. Acusó al portavoz de PPL, Julio Liarte, de pretender dar la imagen de que todo el equipo de Gobierno es corrupto, cuando lo que “realmente” existe son “cuestiones administrativas”. Además, le recordó que durante tres años que estuvo de director general cargó 8.600 euros a las arcas de la Ciudad Autónoma “en clases particulares de inglés”.
“Aquí nadie se lleva el dinero”
“Aquí nadie se lleva el dinero”, insistió en varias ocasiones el presidente accidental, que puso de ejemplo el proceso judicial en el que él mismo está imputado por la contratación de un arquitecto. “Todo cuenta con sus informes preceptivos. Son discrepancias administrativas”, indicó Marín y añadió que tanto el Consejo de Estado, el tribunal Contencioso Administrativo y el TSJA constatan, afirmó, “que mi actuación fue correcta, no hay fraude de ley ni vicio de nulidad”.
Además, Marín acusó a Liarte de sembrar la sospecha sobre los funcionarios de la Ciudad en torno a la composición de los tribunales de oposiciones. En este sentido, Liarte propuso que éstos estén formados por funcionarios estatales. La propuesta de PPL incluye además otras medidas ‘anticorrupción’ que, no obstante, precisó que no tendrían un carácter retroactivo, dada la “situación delicada” de algunos miembros del actual Gobierno local.
Entre las propuestas que expuso Liarte está la cobertura de los puestos de secretario general, interventor y tesorero de la Ciudad, aplicar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, centralizar y publicar los contratos menores, establecer una programación de todas las contrataciones de obras y servicios de la Ciudad, recuperar la comisión de control y vigilancia y otras medidas en materia urbanística.
