El vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, ha expresado la “indignación” del Gobierno local ante la dotación prevista para Melilla en el nuevo plan estatal de vivienda, al considerar que la cuantía anunciada por el Ejecutivo central resulta claramente insuficiente para atender las necesidades reales de la ciudad en materia residencial. En su comparecencia, Marín ha criticado duramente que, tras ocho años de Gobierno socialista, no se haya construido “ni una sola vivienda de protección oficial” en Melilla y, aun así, se presente ahora como un gran avance una inversión que, a su juicio, apenas tendría impacto efectivo.
Según ha expuesto, el plan reserva para Melilla un total de siete millones de euros para un periodo de cinco años, lo que equivale a 1,4 millones de euros anuales. Para el dirigente local, esa cantidad no solo resulta escasa, sino que además debe repartirse entre varias líneas de actuación contempladas en el propio programa, entre ellas la construcción de viviendas protegidas, la ejecución de edificios y las ayudas al alquiler.
Marín ha querido traducir esa cifra a términos prácticos para evidenciar, según su planteamiento, la debilidad del plan. Asegura que con 1,4 millones de euros al año, y teniendo en cuenta que el presupuesto debe cubrir tres apartados distintos, Melilla apenas podría construir tres viviendas anuales. En consecuencia, ha advertido de que el resultado final del programa sería de 15 viviendas en cinco años, una cifra que considera totalmente alejada de las necesidades actuales de la ciudad.
A partir de ese cálculo, el vicepresidente primero ha elevado el tono de sus críticas contra la Delegación del Gobierno, a la que acusa de presentar “a bombo y platillo” una medida que, en su opinión, está muy lejos de ser un logro. Para Marín, difundir este plan como una buena noticia supone “una auténtica vergüenza” y evidencia, según sus palabras, el “abandono total y absoluto” del Gobierno socialista hacia Melilla y sus ciudadanos.
Durante su intervención, el dirigente local ha contrapuesto la actuación del Ejecutivo central con la del Gobierno de la Ciudad. En este sentido, ha subrayado que, con fondos propios y en menos de tres años de legislatura, ya se ha impulsado la construcción de dos promociones que suman 29 viviendas. A su juicio, ese dato pone de relieve que la administración local ha conseguido en dos años prácticamente el doble de lo que, según sus cálculos, prevé el Estado para todo un quinquenio.
Marín ha utilizado esa comparación para reforzar su argumento de que la inversión prevista por el plan estatal no permite afrontar con seriedad el problema de acceso a la vivienda en Melilla. Desde su punto de vista, el Ejecutivo central no está respondiendo a la magnitud de la demanda existente ni a las dificultades que atraviesan muchas familias para acceder a una vivienda protegida o a un alquiler asequible.
Por ello, ha reclamado una dotación muy superior a la anunciada. En concreto, ha señalado que Melilla necesitaría, como mínimo, 70 millones de euros dentro del reparto global del plan de vivienda. Esa cantidad, ha sostenido, equivaldría aproximadamente al 1 por ciento de los 7.000 millones de euros previstos para el conjunto del territorio nacional y permitiría poner en marcha una actuación “mínimamente decente” en la ciudad.
En su planteamiento, disponer de 70 millones para cinco años supondría contar con 14 millones de euros anuales, una cifra que, según ha defendido, sí haría posible promover viviendas, desarrollar actuaciones edificatorias y complementar ayudas al alquiler con un alcance mucho más relevante. Aun así, ha matizado que esa dotación tampoco sería “la panacea”, aunque sí ayudaría a aliviar de manera más realista la situación del mercado residencial melillense.
Frente a ello, ha insistido en que el presupuesto actualmente asignado apenas sirve para tres viviendas al año, un balance que ha calificado de irrisorio. “¿Con eso qué vamos a resolver?”, ha planteado de forma retórica para cuestionar la eficacia de un programa que, en su opinión, no responde a las necesidades de la ciudad ni a las expectativas generadas por el anuncio oficial.
El vicepresidente primero también ha dirigido sus críticas de forma expresa a la delegada del Gobierno, a quien reprocha que defienda este reparto presupuestario en lugar de reclamar una mayor implicación del Estado con Melilla. Marín ha lamentado que, después de ocho años de mandato socialista, el resultado siga siendo, a su juicio, la falta de promoción de vivienda protegida y una financiación que considera claramente insuficiente.
Con un tono especialmente duro, el dirigente local ha llegado a afirmar que la situación “parece una broma”, aunque ha remarcado que se trata de un planteamiento real y no de una exageración política. Precisamente por eso, ha insistido en que el Gobierno de la Ciudad considera este plan estatal como una muestra más del escaso compromiso del Ejecutivo central con los problemas de los melillenses.
La posición del Gobierno local, según ha quedado reflejada en las palabras de Marín, pasa por reclamar un reparto más ambicioso, adaptado al déficit de vivienda que arrastra Melilla y a la necesidad de impulsar una política pública de mayor alcance. Mientras tanto, el vicepresidente primero sostiene que el plan anunciado por el Estado no solo resulta insuficiente, sino que además no puede presentarse como una respuesta seria a uno de los principales problemas sociales de la ciudad.