Marín califica de "disparatado" por parte de CpM mezclar la religión con el procedimiento judicial

El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, ha asegurado este martes, durante la firma de los convenios con la Fundación Incyde, que las declaraciones efectuadas desde Coalición por Melilla (CpM) achacando a la cultura y la religión el hecho de que haya personas provisionalmente encarceladas en la operación Santiago-Rusadir, son “totalmente disparatadas” y que solamente están intentando mezclar precisamente la religión y la cultura con el procedimiento instando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que investigue si hay trato discriminatorio por parte del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2.

En contraposición, Marín ha apuntado que la Ciudad Autónoma “detesta esa forma de actuar”, ya que “hay que desvincular por completo” esos términos.

Así, el dirigente popular ha insistido en que “ese argumento es falaz, no es cierto, no se sostiene y se les vuelve en contra, porque hay otros tres compañeros de CpM –Yonaida Sel-Lam, Fatima Kaddur y Cecilia González- dentro de ese procedimiento judicial que también son bereberes, imazigen o musulmanes y están en libertad”.

Por eso, Marín ha reclamado a los cepemistas que no sigan mezclando esos conceptos con el procedimiento judicial, “porque no tiene absolutamente nada que ver” una cosa con la otra.

En cualquier caso, el vicepresidente del Ejecutivo local -quien ha negado que estén contentos desde el Ejecutivo de que Mustafa Aberchan, Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Mohamed Ahmed Al-Lal y Hassan Mohatar estén privados de libertad- ha reiterado que hay que dejar al Poder Judicial actuar con independencia y sin intromisiones en la investigación.

Mientras tanto, la Ciudad Autónoma seguirá defendiendo desvincular etnia y religión con la Justicia. Según Marín, pueden hacerlo así desde la autoridad que les da el haber defendido siempre a los ciudadanos musulmanes. El vicepresidente del Gobierno local ha añadido, como ya había dicho en otras ocasiones, que el Ejecutivo no se iba a pronunciar hasta que no se levantara el secreto de sumario –cosa que ha sucedido poco después- y conocieran los detalles de los hechos investigados.