La juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha levantado el secreto que existía sobre la pieza relacionada con los exconsejeros de CpM, según ha podido saber El Faro de fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, la magistrada ha decidido mantenerlo en todo lo relacionado con el material informático obtenido en los registros que se practicaron dentro de la llamada Operación Santiago-Rusadir durante los pasados días 5 y 6 de este mes de marzo. Según consta en el auto de referencia, la juez asegura que la ejecución de esas órdenes de entrada y registro permitió obtener "múltiple material informático que está siendo objeto de volcado y análisis", razón por la que lo mantendrá bajo secreto entre tanto se analiza toda la información que contienen. "El resultado del volcado del material informático incautado debe mantenerse bajo secreto de las actuaciones por cuanto es necesario, antes de darle publicidad a las partes, analizar el mismo y realizar aquellas diligencias de investigación que se podrían ver perjudicadas por la publicidad del contenido", razona la juez. Según han explicado fuentes de la investigación, toda esta actuación judicial, iniciada en el año 2023, consta de tres piezas diferenciadas. Por un lado, la causa por el presunto delito electoral por el que fue detenido el entonces consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal. Por otro lado, está la pieza con todo el contenido de las intervenciones telefónicas y los volcados de documentación fundamentalmente informatizada y finalmente la tercera de las piezas es la que se vincula con la detención de los exconsejeros de CpM, además del líder del partido, Mustafa Aberchán. Asimismo se encuentran en esa última parte del sumario decenas de empresarios melillenses y varios de los técnicos de la Ciudad Autónoma que tramitaron los contratos de obras y servicios investigados. La juez recuerda en el auto que las diligencias previas 141/23 se incoaron en virtud de un atestado de la Comisaría de Melilla, cuya investigación desarrollan los miembros tanto de la Udyco como de la Udef. Esta pieza separada concreta sobre la que se ha levantado el secreto de sumario investiga hechos que podrían ser constitutivos de fraude en la contratación pública, cohecho, malversación, prevaricación y falsedad documental, entre otros "y sin perjuicio de su posterior calificación, cometidos en el ámbito de una organización criminal". Las partes, por cierto, podrán recurrir en reforma este auto en el plazo de tres días y en apelación ante la Audiencia Provincial en cinco días. El secreto de sumario se dicta por el juez competente fundamentalmente por dos motivos: evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona o prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso.