“En el Pleno de Control de ayer vimos a un Gobierno totalmente acorralado por las ilegalidades que llevan cometiendo desde hace meses en distintos procedimientos administrativos. Son ilegalidades que tienen una clara relevancia penal”. De esta forma tan contundente comenzó ayer la valoración del secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, sobre el pleno del martes. Subrayó que mientras su formación hacía preguntas cortas y específicas sobre cuestiones relacionadas con la creación de un centro de menores en el Fuerte de Rostrogordo o la iniciativa Melilla Colabora, el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed, no respondía a ninguna de las preguntas de la misma manera.
Marín argumentó que “todos los procesos administrativos que están relacionados con estos dos proyectos están plagados de irregularidades y de ilegalidades”. Uno de estos es la iniciativa Melilla Colabora y las ayudas que concedió Distritos durante el estado de alarma.
El dirigente popular aseveró que se preguntó a Ahmed sobre el número de ayudas, cuáles eran las bases y las formas de pago de estas aportaciones. Pero lamentó que el consejero no respondiera a ninguna de estas cuestiones porque “ni hay informes ni bases ni criterios para repartir las aportaciones”. Marín subrayó que Distritos intentó “suplir” a la Consejería de Políticas Sociales, que sí que cuenta con estas normativas, criterios y el personal para ver qué familias precisan esta ayuda. De hecho, añadió que Políticas Sociales llegó también a hacer una web donde no solo estaban los datos de la COVID-19, sino cómo acceder a las ayudas sociales.
Por todo ello, el secretario regional del PP melillense se preguntó cómo es posible que Distritos hiciera algo paralelo y sin control alguno de a dónde iba el dinero público. Aseveró que hay gente que avisó al PP de que se estaban dando cesta de alimentos a familias con recursos económicos suficientes e incluso que iban a recoger estas cestas con coches de alta gama.
Marín remarcó que todo esto tendrá consecuencias y que el PP no va a dejar pasar este tema porque se niega que se haga “clientelismo político con las necesidades de los melillenses, como ocurrió con el caso ‘Voto por Coreo’; y porque no se va dejar que se despilfarre el dinero público en este clientelismo”.
Culpa de Rojas
Además, Marín aseveró que la culpa de todo esto la tiene el Gobierno local en su conjunto. Subrayó que hay autores por “acción” y otros por “omisión” y dentro de los últimos está la vicepresidenta primera del Gobierno local y secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas. Aseveró que Rojas “está obligada a parar estos procesos y no permitir que haya estas ilegalidades”. Pero indicó que no si no lo hace en el Consejo de Gobierno, ella verá porque estará implicada en este tema.
