Los propietarios de las urbanizaciones afectadas “deberán poner a disposición de la Ciudad suelo por el mismo importe de los terrenos que actualmente tienen cedidos”, los cuales se permutarán por otros terrenos de uso público para todos los melillenses.
El consejero de Fomento y vicepresidente local, Miguel Marín, salió ayer al paso de las manifestaciones realizadas por el Colegio de Arquitectos, referentes a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Número 2 de Melilla, que obliga a la Ciudad Autónoma a “iniciar, tramitar y resolver expresamente los procedimientos administrativos tendentes a depurar las irregularidades denunciadas por el Colegio de Arquitectos” en noviembre del año 2005.
En declaraciones realizadas a los medios de comunicación, Marín aseguró que lo manifestado por el presidente de este colectivo, Francisco Javier Herrera de la Rosa, era “información distorsionada y alejada de la realidad”, al tiempo que acusó al Colegio de ser “un apéndice de PSOE y PPL”.
El número dos del Gobierno local aseguró que los hechos denunciados por el Colegio datan del año 1999, cuando la Consejería de Fomento la ocupaba la socialista María del Carmen Muñoz. Asimismo, detalló que de las cinco actuaciones urbanísticas recogidas en la sentencia, tres corresponden “a la cesión de espacios por parte de los promotores de otras tantas urbanizaciones”, en concreto las de Aznalmara, La Quinta y Jardines del Mar. “La concesión de licencias para estas obras tuvieron lugar en el año 1999 en virtud de un plan especial. No tiene nada que ver con este Gobierno”, aseveró el vicepresidente. “Nos achacan de manera torticera errores del pasado”.
“No lo permitiremos”
Marín también recalcó que la sentencia afecta al edificio de la Fundación Gaselec, licencia de obra que también aprobó María del Carmen Muñoz.
“También hay un quinto asunto, que es muy gracioso. Se denuncia a la Ciudad Autónoma por construir en espacios verdes otros espacios verdes”, señaló en relación al campo de fútbol de Altos del Real. “Antes había un vertedero de basuras en la zona y lo arreglamos. De eso se están quejando”, apuntilló. Hay que recordar que dichas instalaciones se inauguraron en el 2007.
Por otro lado, el consejero de Fomento señaló que si la Ciudad ha decidido recurrir la sentencia, “es por defender los intereses generales de muchos melillenses que viven en las urbanizaciones afectadas y que no tienen nada que ver con posibles actuaciones erróneas que hayan cometido políticos hace más de diez años”.
Asimismo, indicó que los terrenos en cuestión “sí se cedieron a la Ciudad Autónoma” y así lo indican las escrituras. “Lo que ocurre es que el uso real y práctico es de los propietarios de la urbanización, los melillenses no están disfrutando de esos espacios. Este Gobierno no lo va a permitir”, aseveró.
“Es la solución más justa. O eso o tirar los muros”.
Al hilo de su intervención, Marín señaló que la solución propuesta por el Gobierno es la más justa. “Es eso o tirar los muros de las urbanizaciones para que los melillenses disfruten de esos terrenos”, aseveró. “Sería una solución muy drástica”, apuntó, al tiempo que señaló que la llevarán a cabo si los vecinos afectados se niegan a aceptar el planteamiento de la Ciudad Autónoma. “No creo que el resto de melillenses se sintieran muy cómodos accediendo a estos espacios de dicha forma”, agregó.
Por otro lado, resaltó que de las tres urbanizaciones, dos son de cooperativas, por lo que “los promotores son ellos mismos”, mientras que en el otro caso, “el litigio es entre el promotor y los propietarios”.
“El Colegio de Arquitectos está tan obsesionado en criticar el Gobierno Imbroda que está atacando al PSOE”, señaló en referencia a la gestión realizada en 1999. “El actual Ejecutivo no tiene nada que ver con esta cuestión”, defendió.
Asimismo, indicó que la solución que planteará el Ejecutivo ya se ha comentado en Comisión y no perjudicará a los ciudadanos. En concreto, los propietarios de las urbanizaciones deberán comprar los terrenos en cuestión por un importe similar al que tienen sus propiedades, calculando éste por metro cuadrado. Asimismo, este suelo se pondrá a disposición de todos los melillenses mediante una permuta. “De esta forma no fastidiaremos a los ciudadanos que viven en estas urbanizaciones y que no tienen nada que ver con el error cometido en 1999. El resto de melillenses podremos disfrutar de nuevos espacios”, aseveró. “Es lo más justo y sensato”. El asunto se planteará a los vecinos de las viviendas afectadas en breve.
