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La senadora de Podemos preguntó por el protocolo de actuación de la Guardia Civil en la valla y recibió evasivas del ministro Zoido, que la acusó de poner en duda la españolidad de Melilla y Ceuta
La senadora de Podemos Maribel Mora ha concedido una entrevista a El Faro para hablar sobre su intervención en la Cámara Alta la semana pasada frente al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Ella le preguntó por el protocolo de actuación de la Guardia Civil en la valla y él le reprochó que pusiera en tela de juicio la españolidad de Melilla y Ceuta. Con El Faro aborda la derogación de la legalización de las devoluciones en caliente y lanza un mensaje al ministro: como española se avergüenza de él.
–El ministro Juan Ignacio Zoido se le escapó en el Senado sin contestar si hay o no protocolo de actuación en la valla de Melilla. ¿Va a insistir con su pregunta o se da por vencida?
–Vamos a insistir. Las garantías del Estado de Derecho no es un tema que se pueda tomar a la ligera. La situación que se vive en el perímetro fronterizo de Melilla y Ceuta tiene graves consecuencias tanto para la seguridad y derechos de las personas migrantes como para los agentes de la Guardia Civil que cumplen sus funciones al pie de valla. Y esto no es porque lo digamos nosotros, sino que es una reivindicación insistente de la principal asociación del Cuerpo (AUGC), porque les provoca trabajar en una total inseguridad jurídica. ¿Qué tiene que entender un agente por respeto al derecho internacional? Estamos hablando de actuaciones que se pretenden establecer al margen del control judicial, las llamadas devoluciones en caliente, por lo que tienen que estar muy definidas las atribuciones y el cómo deben actuar los agentes. Los derechos humanos y los principios más básicos del Estado de Derecho deben garantizarse en todo caso. Los agentes no pueden ser quienes asuman las responsabilidades, incluso penales, de una indefinición que pretende establecer el Gobierno. No podemos dar ni un paso atrás.
–¿Qué le gustaría a Podemos que incluya ese protocolo de actuación en la valla si existe o si se redacta en el futuro?
–Podemos, como muchos juristas y organismos nacionales e internacionales, no está de acuerdo con este procedimiento del rechazo en frontera (devoluciones en caliente) que introdujo por la puerta de atrás la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada Ley Mordaza. Creemos sencillamente que es inconstitucional y contraria a las convenciones de derechos humanos. Pero mientras exista y se resuelva el recurso de inconstitucionalidad que tiene interpuesto, como mínimo el protocolo debe aclarar cómo garantizar, en el caso de que una persona migrante sea interceptada intentando traspasar los elementos de contención (vallas), el derecho internacional y de protección internacional. Eso dice la propia Ley aprobada. Y eso no lo decimos solo nosotros, la propia Defensoría del Pueblo ha emitido varias recomendaciones advirtiendo de que, como mínimo, se debería identificar a las personas (cosas que actualmente no se hace), facilitar un intérprete, asistencia jurídica e informarle sobre la posibilidad de acceder a procedimientos de protección internacional.
–El ministro Zoido le acusó de poner en duda la españolidad de Melilla y Ceuta. ¿Usted cree que este territorio puede ser marroquí en algún momento?
–No. Creo que no es un tema que se encuentre siquiera en el debate de ningún sector de la sociedad. Los ciudadanos de Melilla y Ceuta se sienten españoles conforme a la propia historia de estos dos enclaves. Defiendo los derechos humanos en Melilla y en Ceuta como senadora precisamente porque me avergüenza que mi país genere tanto sufrimiento en sus fronteras.
Al igual que defendemos en otros territorios, hay que escuchar a los ciudadanos y en Melilla y Ceuta y el sentimiento de españolidad es unánime, también en Podemos. Esto no ha sido más que un intento de intoxicación de algunos para desviar la atención a mis denuncias por el incumplimiento de los Derechos Humanos en Melilla y Ceuta. Una polémica construida sobre manipulaciones de manifestaciones sacadas de contexto para desviar la mirada de lo realmente grave y que he venido denunciando: el estado de excepción en el que nuestro Gobierno ha colocado a los derechos humanos en el perímetro fronterizo.
–Hay unas 2.000 personas acampadas en las montañas de Marruecos cercanas a Melilla. Tarde o temprano intentarán entrar en la ciudad por la valla o en dobles fondos o en pateras. ¿Qué va a hacer Podemos para que se cumpla la Ley de Seguridad Ciudadana y se identifique a todas las personas que saltan la valla antes de ser devueltas a Marruecos?
–Seguiremos trabajando para que el protocolo exista y para que los derechos humanos se restauren en la frontera y se garantice el principio de derecho internacional de no devolución. Ello supone denunciar cada vez que veamos que nuestra propia legislación se incumpla: seguiremos pidiendo explicaciones al señor ministro. Los organismos internacionales también se han manifestado con rotundidad en diversas ocasiones. Incluso el Comité Europeo de Prevención de la Tortura nos instó en 2015 a no devolver a través de las vallas a personas migrantes a las Fuerzas Auxiliares marroquíes por peligro cierto de que las personas sufrían malos tratos. Hemos estado en Marruecos y testimoniado estas prácticas y tratos degradantes al otro lado de nuestra frontera. La externalización de nuestras fronteras se hace con países como Turquía, Libia o Marruecos que no garantizan plenamente los derechos básicos de personas migrantes y refugiadas. Seguiremos reflejando ante el Parlamento y la Comisión Europea lo que sigue sucediendo. Daremos voz en las instituciones a los colectivos que claman por los derechos tantos de migrantes como de las demandas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Intentaremos buscar alianzas parlamentarias para conseguir que dicho protocolo exista, y para la derogación de las devoluciones en caliente de nuestro ordenamiento, para que se apliquen los procedimientos que ya existían en la Ley de Extranjería con todas las garantías y tutela judicial.
No podemos normalizar excepciones del Estado de Derecho. Eso es lo mismo que aceptar que ante situaciones complejas podemos suspender la democracia. Los derechos humanos tienen que ser una línea roja de todas nuestras políticas.
–¿Podemos insistirá en la derogación de la legalización de las devoluciones en caliente? ¿Espera que se pueda conseguir esta legislatura?
–Sí. De hecho en el Congreso ya hemos conseguido aprobar una Proposición No de Ley para la derogación de la Disposición Adicional 10ª, con las que se han pretendido legalizar. Lo lógico es que cuando planteemos la derogación se tenga los mismos apoyos. Otra cosa sería muy extraña. Creo que existe una posición mayoritaria en que hay que garantizar los derechos humanos y estas “entregas sumarias” a través de las vallas no los garantizan. Respecto a las políticas migratorias europeas nos podemos posicionar o bien con los derechos humanos, o bien con el sufrimiento humano y la barbarie.
–Los inmigrantes se quejan de que desde hace un mes no hay salidas del Centro de Estancia Temporal de Melilla. ¿Sabe si se han paralizado?
–Los criterios que utiliza el Ministerio del Interior para los traslados a la península son otra de las grandes incógnitas de nuestras políticas migratorias. Todo parece una guerra de desgaste y desesperanza frente a quienes huyen de la miseria o la guerra, a veces incumpliendo la legalidad. De hecho he realizado varias preguntas por escrito para que expliquen cuáles son estos criterios, que deben ser claros y trasparentes. El negar además la libertad de circulación de las personas que tienen aceptada a trámite su solicitud de protección internacional es completamente ilegal. Existen varias resoluciones judiciales que así lo indican, pero a veces parece que eso importa poco cuando hablamos de personas que no tienen capacidad de incidencia política.
El que no se produzcan traslados de manera rápida provoca además, por un lado, la frustración de las personas migrantes que ven truncadas sus expectativas tras muchos años de grandes dramas. Y por otro lado, por parte del Gobierno, supone el que los ciudadanos de Melila y Ceuta soporten una carga de solidaridad, con todo lo bueno y lo malo que conlleva, que debería ser repartida al conjunto de España en base al principio de solidaridad interterritorial.
–¿Si el ministro Zoido mantiene durante toda la legislatura esa forma de contestar que utilizó con usted la semana pasada, cómo piensa arrancarle una respuesta?
–La función de control al Gobierno es una función constitucional del poder legislativo que garantiza la separación de poderes y la calidad democrática. Dice muy poco de un ministro no contestar a una senadora o una diputada o dar una respuesta tan burda como la que recibí respecto a las instrucciones sobre las devoluciones en caliente. Es algo que nos debería preocupar a todos porque atañe a todos los ciudadanos. Seguiré insistiendo, pediré amparo al presidente de mi Cámara y al Tribunal Constitucional si es necesario.
Si el ministro Zoido continúa en esta actitud se estará poniendo en evidencia. Como ciudadana española he sentido una profunda vergüenza por su respuesta, y creo que no he sido la única.
