La asociación aclara que las armas que pide podrían llevar dos cartuchos de fogueo para dispersar posibles revueltas en el centro.
La asociación en defensa de los empleados del sector de la seguridad privada, Marea Negra, considera que los vigilantes que trabajan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) deberían cobrar un plus de peligrosidad de 200 euros. Según apuntó el vicepresidente de esta organización, José Antonio Carbonell, en declaraciones a El Faro, actualmente, los vigilantes cobran 18 euros de extra por peligrosidad, mientras que pide que se llegue hasta los 200.
Asimismo, Carbonell indicó que esta retribución añadida tendría que ser de 200 euros, además de que los vigilantes vayan armados. “Si no quieren pagarles más, que hagan un curso de control de masas y que pongan más material, como guantes anticortes o material antidisturbios”.
Cartuchos de fogueo
Por otro lado, sobre la propuesta de establecer “medidas disuasorias” ante casos concretos de revueltas en el CETI, Carbonell matiza que el arma reglamentaria de un vigilante de seguridad podría llevar alojadas dos balas de fogueo en el tambor para disparar al aire y dispersar una posible sublevación.
Asimismo, Carbonell reitera que cuando Marea Negra pide que los trabajadores del centro porten armas, se está pidiendo que “se cumpla la Ley” y dice no entender por qué el Partido Popular (PP) promulgó una norma para luego no cumplirla.
A este respecto, el vicepresidente de la asociación considera que el Gobierno utiliza a las empresas privadas para ahorrarse un dinero, pero que no dan “pautas claras” a los trabajadores de este sector.
Críticas de sindicatos
Por otra parte, Carbonell quiso responder a la postura del sindicato de seguridad USO, que apuntó que la medida de portar armas en el CETI respondía a la petición de cobrar más y se preguntaba qué pasaría con los trabajadores que, de imponerse el arma, no pasaran las pruebas correspondientes.
“Es absurdo”, para el miembro de Marea Negra, decir que estos empleados irían al paro, puesto que apunta que la empresa podría reubicarlos en otro servicio. Además, defiende la seguridad de las pruebas de tiro estipuladas.
