El próximo 24 de junio se ha convocado en Melilla, por parte de distintas organizaciones antirracistas de toda España, una manifestación unitaria para denunciar los hechos ocurridos en la frontera en 2022. Este acto comenzará a las 18:30 horas y recorrerá distintos puntos de la ciudad de Melilla hasta llegar al puesto fronterizo de Barrio Chino.
Así, desde el grupo organizador de esta concentración, que está conformado por estas entidades contra el racismo y por los Derechos Humanos, exigen, con esta convocatoria, "el fin de la violencia en las fronteras, que se diriman responsabilidades y se haga justicia por las personas asesinadas hace un año".
Los propios organizadores manifiestan que "esta masacre" es "la más grave de los últimos tiempos" y que fue "perpetrada en suelo europeo" según la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos y como también sostienen el movimiento antirracista y múltiples organizaciones de derechos humanos en el Estado español, organismos internacionales y relatores especiales de Naciones Unidas.
A pesar de ello, dicen las entidades organizadoras, "el Gobierno de España ha incumplido sistemáticamente su deber de debida diligencia, negándose a esclarecer los hechos, depurar responsabilidades, promover la rendición de cuentas y reparar el daño".
De esta forma, estas asociaciones también piden la implementación de medidas para que no se repitan "estas masacres".
Bajo el lema “Masacre de Melilla: un año sin justicia, un año de impunidad”, se ha convocado esta manifestación unitaria en Melilla, simultánea a otras movilizaciones en diversos lugares del país como Algeciras, Barcelona o Madrid, entre otros.
Los organizadores de esta movilización también han hecho públicas, en un comunicado, las exigencias bajo las que se articulará su manifiesto que está abierto a adhesiones hasta el próximo 23 de junio.
Entre estas peticiones está, en primer lugar, el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que estas organizaciones entienden como responsable de lo ocurrido en el paso fronterizo.
También, desde estas exigencias, se pide "el compromiso público de las diferentes formaciones políticas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas", así como "la apertura de mecanismos de investigación independientes y efectivos".
Por otro lado, se requiere que se ponga "a disposición de las familias todos los mecanismos necesarios para la búsqueda de las personas desaparecidas" y que se implementen "medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas".
Estas organizaciones exigen, de esta forma, el traslado a España de las personas sobrevivientes de la masacre del mismo modo que, de forma paralela, se ponga fin a las devoluciones ilegales en todo el territorio español.
Por último, las entidades organizadoras piden, por tanto, "la eliminación de cualquier barrera y discriminación racial que impida acceder a la Administración para solicitar asilo y protección internacional" además de solicitar "el cierre de los centros de privación de libertad de personas extranjeras conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros".
