Los clubes que no cumplan con este requisito no tendrán derecho a participar la próxima temporada en los diferentes grupos de la Segunda División B.
Se acerca la fecha límite para saber qué equipos cumplen con la exigencia federativa y cuáles no lo hacen y saber, por tanto, si al final sólo tendrán que cubrirse las cinco plazas vacantes a día de hoy como consecuencia del descenso administrativo del Ceuta, Dénia, Palencia, Badajoz y Puertollano; o si, por el contrario, se amplía dicho cupo a más equipos por incumplimiento de dicha normativa.
En principio eran 29 los equipos que debían presentar un aval bancario, 19 de ellos, entre los que se encuentra la UD Melilla, deben depositar ante el ente federativo un aval de 200.000 euros y otros diez tienen que hacerlo por importe de 125.000 euros. El Grupo IV es el más afectado de los cuatro que componen la categoría puesto que al conjunto melillense se le unen en el cumplimiento del requisito el Cádiz, Badajoz, Ceuta, Puertollano, Roquetas, Caravaca-La Unión, Cacereño, Jaén, San Roque de Lepe y Almería B. De estos, Roquetas y la Unión descendieron por méritos deportivos y Ceuta, Badajoz y Puertollano lo hicieron por la vía administrativa por impago a sus jugadores, previa denuncia de éstos ante la AFE. Además conviene recordar que el Sporting Villanueva y el Polideportivo Ejido también abandonaron el Grupo IV a mitad de la liga debido a los graves problemas económicos que arrastraban.
Tal y como informábamos en la edición de ayer, la entidad que preside Cristóbal Sánchez presentará, salvo contratiempo de última hora, el aval requerido ya que las gestiones realizadas por el presidente azulino estaban prácticamente cerradas de manera exitosa.
Mañana sabremos de manera definitiva cómo queda la cosa y si habrá o no moratoria para los clubes que están teniendo verdaderas dificultades para conseguir ya sea el dichoso aval o la cantidad exigida depositada en metálico en una cuenta de la RFEF cuyos datos han sido consignados en la circular número 66, última de la temporada recién acabada.
La RFEF confirmó también que cada club interesado en una de las cinco plazas vacante por impago de salarios a futbolistas en Segunda división B deberá abonar 190.000 euros. Además de establecer el siguiente orden para ocupar dichas plazas: Primero. El equipo de Tercera División de la misma Federación de ámbito autonómico a la que pertenezca el equipo descendido por impago.
Segundo. El equipo descendido de Segunda División B de la misma Federación de ámbito autonómico a la que esté adscrito el club descendido por impago.
Tercero. El equipo de Tercera División de las Federaciones de ámbito autonómico que integren el equipo de Segunda División B en el que se hallaba incluido el equipo descendido por impago para la temporada en curso y no en la que se produjo la deuda.
Cuarto. El equipo descendido de Segunda División B de las Federaciones de ámbito autonómico que integren el Grupo de Segunda División B en el que se hallaba incluido el equipo descendido por impago para la temporada en curso y no en la que se produjo la deuda.
Quinto. El resto de equipos de Tercera División.
Sexto. El resto de equipos descendidos de Segunda División B.
Los anteriores criterios se aplicarán de forma excluyente, de tal modo que si con la aplicación de un apartado la vacante quedara cubierta, no habrá lugar a la aplicación de los siguientes. Siempre tendrán mejor derecho dentro de los de un mismo apartado los equipos con mejor derecho deportivo.
Los clubes interesados deberán informar a la RFEF sobre su voluntad de concurrir a la asignación de plazas antes del viernes 6 de julio a las 10:00 horas. Se deberá ingresar la cantidad establecida en una cuenta corriente comunicada por la RFEF en las 24 horas siguientes a que por la Federación se haya fijado, dentro de los solicitantes, el orden de acceso a la plaza. El incumplimiento del abono equivaldrá a la renuncia al proceso.
