Los jueces de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han manifestado su preocupación por la falta de medios para asumir las nuevas competencias que deberán gestionar a partir del 3 de octubre de 2025. La reciente Ley Orgánica 1/2025, publicada el pasado 3 de enero, amplía las atribuciones de estos juzgados, que ahora deberán conocer de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, independientemente de si existe o no una relación previa entre víctima y agresor.
Esta reforma supone un aumento del 20% en la carga de trabajo de los órganos judiciales, según cálculos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, los jueces denuncian que no se han previsto refuerzos en medios materiales ni humanos, lo que podría derivar en el colapso del sistema.
Actualmente, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya afrontan un alto nivel de saturación. Según datos recogidos en la nota de prensa firmada por magistrados y magistradas de distintos puntos del país, la sobrecarga es especialmente preocupante en los 91 órganos exclusivos que atienden solo casos de violencia machista y en los 348 juzgados no exclusivos, donde los jueces deben compaginar estos asuntos con otros procesos judiciales.
A pesar de la creciente demanda de atención a víctimas, la dotación de medios sigue siendo insuficiente. La falta de equipos de valoración forense, de asesoramiento y asistencia a las víctimas, y el déficit de personal especializado son problemas que han sido denunciados en reiteradas ocasiones. También se menciona la falta de salas Gesell, necesarias para la toma de declaración de menores víctimas de violencia, así como la ausencia de sistemas de grabación adecuados que permitan documentar los testimonios de manera efectiva.
Los jueces subrayan que, aunque la reforma pretende mejorar la respuesta judicial en casos de violencia machista, sin los medios adecuados podría tener el efecto contrario. Alertan de que la carga de trabajo adicional puede afectar la calidad del servicio y provocar retrasos en la tramitación de medidas de protección para las víctimas.
Más competencias sin recursos
Uno de los principales puntos de crítica es que la reforma no incluye una dotación presupuestaria adicional. Según los magistrados, esto significa que el incremento del 20% en la carga de trabajo deberá asumirse sin la contratación de más jueces, fiscales, forenses o personal administrativo.
En algunas de las ciudades con mayor volumen de casos —como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia— los juzgados cuentan con servicio de guardia, lo que les permite recibir denuncias y tramitar detenciones de forma inmediata. Sin embargo, en la mayoría de los partidos judiciales, los magistrados deben compaginar su labor en violencia de género con otros procedimientos, como divorcios, juicios de tráfico o reclamaciones económicas.
Este modelo genera situaciones en las que una denuncia por agresión sexual o violencia de género puede interrumpir el desarrollo de otros juicios, provocando retrasos en todas las áreas de actuación.
La principal preocupación de los jueces es que la sobrecarga de trabajo derive en un deterioro de la atención a las víctimas. La nota de prensa advierte que, en los juzgados más congestionados, existe una mayor tendencia a rechazar solicitudes de medidas de protección, no por falta de fundamento, sino por la imposibilidad de valorar cada caso en profundidad.
“Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente”, señalan en el comunicado, alertando de que este colapso judicial podría generar espacios de desprotección para las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos.
Otro de los problemas que señalan es que la ampliación de competencias a los delitos de violencia sexual y trata con fines de explotación exigirá una mayor dedicación a cada caso, ya que las víctimas de estos delitos suelen requerir un trato más personalizado y tiempos de declaración más amplios.
Generar un retroceso
Desde la judicatura insisten en que la falta de medios podría suponer un retroceso en la lucha contra la violencia de género, afectando la eficacia del sistema judicial y poniendo en riesgo la protección de las víctimas.
Además, recuerdan que el Convenio de Estambul y la propia Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, establecen la necesidad de dotar de recursos suficientes a los órganos especializados para garantizar una respuesta efectiva. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha anunciado medidas concretas para reforzar los juzgados antes de la entrada en vigor de la reforma.
Los jueces exigen que se adopten soluciones urgentes para evitar un colapso del sistema, asegurando que las víctimas no paguen las consecuencias de una reforma sin los recursos adecuados.
