La noticia adelantada ayer por El Faro sobre la posible perdida de casi 14 millones de euros no termina de ser una sorpresa porque resulta que no es la primera vez que un Gobierno del PSOE le hace algo parecido a nuestra ciudad. Concretamente, lo que sucede ahora es que se van a perder más de 14 millones de euros como consecuencia de que no se abonarán dos subvenciones nominativas que se encuentran en los Presupuestos Generales del Estado, dado que los mismos se encuentran prorrogados. Hablamos de las subvenciones a la producción de agua, al hecho fronterizo y a la financiación.
Y decíamos antes que no es la primera vez porque resulta que cuando Rodríguez Zapatero fue presidente y convocó elecciones para diciembre de 2011 decidiendo prorrogar los presupuestos nos encontramos con que varios ministros de la época no quisieron tampoco pagar. Hubo que esperar a que Rajoy tomara posesión en enero de 2012 y que se aprobaran unos presupuestos en junio de ese mismo año. Recordemos todas las reuniones que se mantuvieron con Montoro y con sus más cercanos colaboradores.
Sin embargo, en esta ocasión, todavía se está a la espera de que se de una razón política o administrativa en condiciones. Y es que resulta que el Gobierno si ha aprobado otra subvención nominativa para Melilla el pasado mes de octubre y es la correspondiente a la atención a los Menores Extranjeros No Acompañados. Lo que no se entiende que lo que vale para un caso no sirve para el otro.
La verdad es que Madrid no puede permitir que Melilla pierda una cantidad tan importante que, seguramente, dentro de los PGE serán una ínfima parte, pero para nuestra ciudad es una cantidad muy importante y más en un territorio que está en crisis permanente por distintos motivos.
Que Melilla no tenga derecho a cobrar la subvención del agua es algo que obliga a que, a lo mejor, nos tengamos que enfrentar a una subida porque la producción es muy cara al ser una desoladora. Luego, el hecho fronterizo es una compensación a los esfuerzos que hace la Ciudad en distintas cuestiones relacionadas con la frontera y la inmigración que repercuten en sus propias competencias como la limpieza o la seguridad.
Por tanto, todavía se está a tiempo de encontrar una solución aunque las respuestas que vienen de Madrid no sean muy alentadoras.
