El año 2024 ha finalizado y aún no se ha distribuido la nómina extraordinaria que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, anunció hace pocas semanas para los trabajadores de los planes de empleo de la Ciudad Autónoma correspondientes a los años 2023 y 2024.
En este sentido, un grupo de trabajadores de los planes de empleo de 2023 y 2024 de la Ciudad Autónoma han denunciado el impago de dicha cantidad, por lo que han asegurado que llevarán a cabo un calendario de movilizaciones ante lo que consideran una "clara discriminación".
"Sentimos que se están riendo de nosotros, de la gente que necesita un dinero que realmente le pertenece".
Se da el caso que el líder del Gobierno local aseguró que desde el área de Recursos Humanos de la Consejería de Administración Pública venían trabajando para distribuir este monto para antes del 31 de diciembre del ya pasado año.
Imbroda manifestó que el montante de esta nómina extraordinaria rondará los 2 millones de euros.
Este grupo, que reúne a en torno a un centenar de ciudadanos, de los más de 900 beneficiarios de los planes de empleo, consideran que la causa del impago no se debe a una posible la falta de dinero, alegando que el remanente adjudicado para esta medida engloba una cifra importante de la que la Ciudad dispone.
Manifiestan que existe un "gran mosqueo" entre los trabajadores y garantizan que con las iniciativas que tienen harán que la ciudadanía conozca sus demandas.
El objetivo que se propuso la Ciudad con esta iniciativa era resolver la diferencia salarial a la que tenían derecho y que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA).
Sentencia
El TSJA ratificó el pasado mes de noviembre la condena a la Ciudad Autónoma por prácticas discriminatorias hacia trabajadores contratados en los planes de empleo.
Esta sentencia confirmó la decisión del Juzgado de lo Social de Melilla, que anuló un acuerdo en el convenio colectivo del personal laboral de la Ciudad. Una sentencia que establecía diferencias salariales y de trato hacia quienes trabajaban bajo estos planes.
La Ciudad Autónoma acató la sentencia del TSJA, tal y como anunció el vicepresidente primero del Gobierno local, Miguel Marín. De hecho, anunció que se abonarían las cantidades que se deben a los trabajadores tras el fallo judicial, las cuales representan, dijo, una partida "muy pequeña".
Asimismo, Marín cargó contra Delegación del Gobierno por, según apostilló, no haber sacado adelante su plan de empleo tras recurrir la sentencia, "tal y como hizo la Ciudad".
De haberlo hecho, dijo, los 1.100 melillenses afectados hubiesen cobrado la nómina y ahora también percibirían la diferencia salarial.
"Esa falta de empatía con los más necesitados que ha demostrado la delegada del Gobierno, dejando a esas 1.100 personas sin trabajo, dice mucho de su gestión política. Si hubiesen tenido un mínimo de empatía habrían recurrido la sentencia, habrían puesto a trabajar a esas 1.100 personas, le hubieran pagado el sueldo que hasta la fecha les correspondía y con el dictamen del TSJA pagarles la diferencia".
Por lo pronto, Miguel Marín avanzó que el Ejecutivo local ya tiene previstos en los presupuestos de 2025 el dinero que debe emplearse en los futuros planes de empleo, incorporándose lo que establece la sentencia del Juzgado de lo Social de abril pasado.
