Los trabajadores de La Purísima no descartan convocar una huelga

El conflicto entre los trabajadores del CERM Fuerte de La Purísima tiene visos de enquistarse si no aparece un diálogo que conduzca a una solución negociada. Empleados del centro de menores y los representantes sindicales escenificaron sus protestas en la mañana de este viernes a las puertas de la Asamblea, coincidiendo con un Pleno que poco después fue interrumpido para que los diputados tuvieran un gesto con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, fijado en el mismo emplazamiento media hora después de la concentración sindical.

Los representantes de La Purísima, junto a su comité de empresa, manifestaron a viva voz estar “hartos” de los incumplimientos de Tragsatec y repitieron hasta la saciedad la palabra ‘municipalización’ como única vía de salida, es decir, que este servicio se lleve a cabo o dependa directamente de una gestión municipal, sin intermediarios ni contratas. También tuvieron palabras poco amables para la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ausente del pleno de la Asamblea por una comisión sectorial. “¿Dónde está la consejera?, ¿la consejera dónde está?”, se preguntaban al tiempo que exigían su cese.

Entre las quejas referidas, el incumplimiento de la tabla salarial del 2025, la confusión con la apreciación de que no se trata de trabajadores públicos que dependen de los Presupuestos Generales del Estado ya que es personal contratado, las carencias o ausencia de arreglo de deficiencias en las instalaciones del centro de menores, hasta tal punto, según enfatizaron, de que existe cierto riesgo en algunas zonas para la integridad de los jóvenes.

Por todo ello, en caso de que no se atiendan estas solicitudes, además de otras como los relevos en los casos de bajas laborales, etc., el comité de empresa no descarta, según avisa Ana Marco, del CSIF, la adopción de medidas más traumáticas como una posible huelga.

Según expresa el sindicato CGT Andalucía, los trabajadores “no pueden seguir soportando los abusos de Tragsatec, que tiene secuestrada la subida salarial de 2025, que tiene coaccionada a la plantilla con sanciones injustas, que impone funciones y polivalencias unilateralmente, que desprecia la negociación colectiva y la interlocución con el comité de empresa, que incumple la legalidad en materia de permisos, licencias y vacaciones, que aplica cambios de horarios unilateralmente bajo amenazas,…”.

“No sabermos nada de la consejería. Solo pedimos la municipalización, que el dinero del pueblo vaya al pueblo. Yo fui uno de los compañeros que sufrió en 2020 aquel confinamiento con 1.200 niños y todos sabemos lo que ha pasado allí y pasa allí, todos los Gobiernos y ninguno ha hecho nada. Y encima, para más colmo, nos vienen y nos dicen que somos unos vagos y unos maleantes. Que vengan ellos allí a trabajar mano a mano con nosotros y veremos quiénes son los vagos, hay compañeros a los que les han quitado dinero de sus pagas extras. Señor Marín, señora consejera, nosotros no mentimos ni somos unos vagos, los vagos son ustedes”, se lamentaba Suliman Zizaoui micro en mano.

“La solución de que se encargara Tragsatec propuesta por la consejería del servicio no ha servido de nada y el centro tiene graves carencias, además de que nos sentimos agraviados por las condiciones que se están aprobando en otros centros. Reclamamos una gestión directa, es la única solución posible”, subraya Ana Marco, del comité de empresa y delegada del CSIF, algo asustada pues había escuchado el reloj de la Asamblea y se pensaban que ya eran las 12.00, hora en la que la Policía les indicó que debían separarse unos metros para dejar espacio a la convocatoria LGTBIQ+. El comité lo conforman nueve miembros que dan cabida a multitud de sindicatos, como UGT, CSIF, CC.OO. o CGT.

“Ante la falta de respuestas de la Administración, que no propone un plan B a lo que estamos sufriendo, no descartamos otro tipo de medidas como una huelga. Seguiremos con las manifestaciones, pero no lo descartamos”, prosigue Ana Marco. Su compañero Álex lanza una advertencia seria significando que “existen deficiencias en algunas zonas de las instalaciones que suponen un riesgo para los menores porque no se han arreglado”.

Aval del Gobierno melillense

Al menos en el corto plazo, este problema podría haberse metido en un callejón sin salida. Desde que se conocieron las reivindicaciones sindicales en torno a las supuestas deficiencias del centro, el Gobierno melillense ha avalado tanto a la empresa adjudicataria como a la responsable del ramo, la consejera de Políticas Sociales Randa Mohamed. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, defendió que la empresa está cumpliendo con su trabajo, si bien abrió la puerta a escuchar a las secciones sindicales.

Para Marín, lo determinante en este conflicto es conocer si el contrato se está cumpliendo, y, a su juicio, la respuesta es positiva. “No tenemos constancia de que esta empresa esté realizando un trabajo al margen del contrato, consideramos que es una empresa seria y solvente”, explicó esta semana el dirigente popular rechazando así las críticas llegadas desde el comité de empresa del centro como de los sindicatos que lo integran.

Marín también avaló la actuación de la consejera Randa Mohamed, de quien señaló que está haciendo un gran trabajo al frente de la Consejería de Políticas Sociales mientras desde los manifestantes se exige su cese inmediato. Unas declaraciones de Mohamed en las que sugirió que las quejas del personal tienen su origen en que ahora Tragsatec “sí les hace trabajar”, tachando de “vagos y maleantes” a dicho personal, sirvieron de acicate para este conflicto fuera a más, indicando los trabajadores de La Purísima que se “ha cruzado una línea roja con este desprecio público”.