El comité de empresa de Valoriza ha respondido este viernes a la dirección de la empresa, que envió el jueves un comunicado informando de la, en su opinión, ilegalidad de la huelga indefinida prevista a partir del próximo día 3 de septiembre, que ninguna de sus justificaciones para la convocatoria incumple el artículo 11.c) del Real Decreto-Ley 17/1977, como argüía la empresa.
Así, sobre la posibilidad o no de reabrir el convenio colectivo, el comité de empresa recuerda que ya ha habido modificaciones en relación a promociones y subidas salariales debido a acuerdos con la UGT y CSIF. Esto también es aplicable a la reivindicación de la subida salarial de 312 euros netos al mes.
En cuanto a la mejora contractual de la plantilla, de modo que toda ella pase a jornada completa, el comité de empresa recuerda que “esta circunstancia ya se realizó con la vigencia del convenio en la etapa de pandemia”, cuando, por parte de la Ciudad Autónoma, se adjudicó una Adenda.
Por lo que se refiere a la petición de crear una bolsa de empleo pública y transparente, los trabajadores esgrimen que no hay ningún artículo en el convenio colectivo que lo impida.
Finalmente, sobre la desaparición de la categoría de peón para el cambio a peón especializado, que ya se ha negociado con la empresa e incluso se ha ido ejecutando progresivamente, los representantes de los trabajadores expresan su intención de que “se realice de una vez para todos los afectados”.
Por todas estas explicaciones, el comité de empresa se reafirma en la convocatoria de la huelga indefinida y añade que, “sin problema”, se someterá a la jurisdicción competente para establecer la legalidad del derecho a la huelga.
Por otro lado, en un escrito dirigido al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, el comité de empresa reitera que “no tiene sentido” la prórroga del contrato, sino que es más conveniente la formulación de una nueva licitación y un contrato o contrato de urgencia hasta que haya un nuevo pliego. Al mismo tiempo, los trabajadores sugieren a De Castro que “sería conveniente un informe del Abogado del Estado” basándose en el convenio que el Gobierno local mantiene con dicha institución.
En este sentido, recuerdan que la continuidad del servicio y la prórroga son dos figuras distintas.
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