El debate a partir de la indemnización solicitada por Julio Liarte, para compensar las pérdidas económicas que le supone su dedicación a la política, bien podría aprovecharse para analizar qué remuneraciones debe percibir la oposición.
Tras la constitución de la nueva corporación, la vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea -cargo tradicionalmente remunerado- no percibe ningún sueldo por sus funciones y, entre los grupos de la oposición, la incompatibilidad entre el ejercicio del empleo en la Administración local con el escaño en nuestro consistorio, anda creando un vivo debate.
Al margen del caso del parlamentario del PPL, existe la casuística de los diputados con trabajo en el sector privado, cuyas dificultades para compatibilizar su jornada laboral con la política son siempre mayores que las que encuentran aquellos diputados sin incompatibilidades para continuar con sus empleos en la Administración central.
Ceuta, con un sueldo lineal para todos los miembros de la Asamblea, que se enriquece con complementos según las funciones y situación de cada uno de ellos, puede servir de ejemplo. Hay que tener en cuenta que la petición de Liarte debe medirse, pues si bien es justo que se le compense no se puede olvidar tampoco que hay funcionarios de la Ciudad Autónoma de su mismo nivel que cobran mucho más que cualquier cargo de Gobierno. En nuestra opinión, tampoco sería justo que un diputado en la oposición pudiera acabar cobrando más que quienes tienen responsabilidades gubernativas. En suma, un debate pendiente en el que la oposición tiene mucho que decir.
