Los empleados públicos se manifestaron a las puertas de la Delegación del Gobierno para recordar a la Administración del Estado su rechazo al “tijeretazo salarial”.
Las formaciones sindicales de Melilla reiteraron en la mañana de ayer su rechazo a la rebaja salarial del cinco por ciento en el sector público con una nueva serie de concentraciones, desarrollándose la principal a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde se congregaron medio centenar de personas pertenecientes a UGT, CCOO y CSI – CSIF.
La protesta se planteó como la antesala de la huelga de funcionarios que se celebrará el próximo 8 de junio, según señaló el secretario de la Federación de Servicios Públicos de la UGT, José Márquez Freniche. Un paro sectorial al que espera que asistan gran número de afectados por el 'decretazo', aunque apuntó que a muchos empleados públicos “les será imposible, ya que hay familias que no pueden permitirse la rebaja salarial y el descuento de la nómina que supondría asistir a la huelga”. No obstante, subrayó que desde la formación ugetista se está llevando a cabo una intensa campaña de información para que se animen a la protesta al mayor número posible de melillenses.
En cuanto a la posibilidad de una huelga general, Freniche aclaró que depende del resultado de las negociaciones que los sindicatos mantienen con la Administración del Estado, aunque recalcó que la ruptura del Diálogo Social “dificulta mucho que se alcance un acuerdo”.
“El Gobierno no puede pretender que los funcionarios paguemos las consecuencias de la crisis cuando ésta ha venido provocada por el sistema bancario y financiero. Ya nos congelaron el sueldo en el año 1997, y el pasado alcanzamos un preacuerdo con Zapatero que acaban de romper, por lo que nos sentimos traicionados por la Administración central”, añadió.
Por su parte, el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Francisco López, afirmó que el 'tijeretazo' del Gobierno nace de un planteamiento erróneo y que a nivel nacional tendrá graves consecuencias, ya que “muchos compañeros de la península son 'mileuristas', así que el recorte salarial, sumado al incremento del IVA, provocará que el consumo descienda a pasos de gigante”.
Al hilo de su intervención ante los medios de comunicación, matizó que la Administración de Zapatero ha optado “por el camino fácil” para recuperar dinero a corto plazo, pero que la principal consecuencia será la de que esta cantidad monetaria dejará de circular por el mercado. “Han usado al sector público como colchón para paliar la crisis, pero las repercusiones las vivirá el privado”, sentenció.
“Me están robando la cartera”
En último lugar intervino el representante de CSI – CSIF en la Administración local, Francisco Gómez, quien aseguró que el Gobierno le ha “robado la cartera”, y que en cuanto su rebaja de salario se haga efectiva no dudará en acudir al Juzgado para interponer una querella.
Además, manifestó que la medida de Zapatero “ha incrementado muchísimo la desconfianza entre los funcionarios”, por lo que auguró que éstos consumirán menos, sobre todo en el periodo de vacaciones navideñas, cuando se ha previsto un recorte del 30 por ciento en la paga extraordinaria.
Así las cosas, quedó demostrado que la fractura entre sindicatos y Gobierno continúa ensanchándose en Melilla, y que las relaciones vuelvan a su cauce corriente depende más que nunca de las conversaciones que ambas partes están manteniendo en Madrid.
