Los secretarios judiciales irán a la huelga el próximo martes

Los integrantes del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales de Melilla han decidido respaldar mayoritariamente la convocatoria nacional de huelga indefinida que dará comienzo el próximo día 24 de enero. Ello, después de los paros previos llevados a cabo en el año anterior en los meses de enero (día 26), noviembre (días 29 y 30) y diciembre (días 14 y 15) sin que el Ministerio de Justicia haya hecho nada para desbloquear el conflicto.

El origen de estas jornadas radica, entre otros motivos, en la falta de la adecuación salarial de este cuerpo al resto de grupos A1 de la Administración de Justicia. Desde el año 2009 han sido más de 600 las nuevas funciones asumidas, sin que las mismas hayan sido compensadas con retribución alguna. La razón de parar ahora deriva del incumplimiento del Gobierno del mandato legislativo recogido en la Disposición Adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 (que obliga a la adecuación salarial de los secretarios judiciales), así como la vulneración del acuerdo alcanzado por escrito con el Ministerio de Justicia en abril de 2022.

Este personal quiere recordar la importancia de las funciones del secretario judicial a fin de demostrar la repercusión de esta huelga indefinida. Así, aparte de la dirección de la oficina judicial y la dirección y ordenación del procedimiento, ostentan en exclusiva la fe pública judicial que implica que cualquier actuación judicial requiera de la intervención del secretario, lo que supondrá la paralización total, salvo servicios esenciales, de los juzgados, Servicios Comunes y Registro Civil de Melilla.

Los secretarios judiciales, además, se concentrarán el lunes día 23 a las puertas de los juzgados, y desde allí ofrecerán información acerca del seguimiento y la previsión de suspensiones de vistas y demás señalamientos de la primera semana de huelga. La primera estimación es que se paralizarán 106 juicios y las comparecencias en todas las jurisdicciones (civil, penal, social y contencioso-administrativo).