Los recursos de apelación presentados ante la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla contra el auto judicial que encarceló de forma provisional a los exconsejeros de CpM, aún no han sido resueltos, según han confirmado a El Faro fuentes de la defensa. Éstas creen que esos recursos no se verán hasta que la juez titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrrucción número 2 de la ciudad decida el levantamiento del secreto de las diligencias, que se mantienen desde el inicio de la investigación, allá por abril del pasado año 2023.
Las mismas fuentes, que consideran "desproporcionadas" las medidas cautelares adoptadas por la juez, consideran que al haber personas en prisión, lo normal es que la resolución de dichos recursos se realizara en cuestión de días. "De todos modos entendemos que mientras no se levante el secreto sumarial, no se van a revisar las prisiones provisionales más allá de lo desproporcionado de estas medidas", comentaron las fuentes.
La defensa de alguno de estos exconsejeros cree en la posibilidad de la juez decida levantar el secreto después de la Semana Santa, toda vez que, según precisó, lleva "quince días anunciándolo" sin que se haya tomado la decisión.
Fuentes judiciales, por su parte, han confirmado también que la juez cuenta con un compañero más de refuerzo en su juzgado desde hace prácticamente un mes para poderse dedicar plenamente a esta causa por posible corrupción en el Gobierno anterior.
Todo ello cuando se cumplen dos semanas desde que Melilla se levantara de la cama con la noticia de que funcionarios de la Policía Nacional se encontraba a primeras horas de la mañana registrando los domicilios de los exconsejeros de CpM en el Gobierno de Eduardo de Castro; en concreto, se trataba de Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Hassan Mohatar y las exviceconsejeras Yonaida Selam y Fatima Kaddur. Esta última, además, se encontraba en Barcelona. Junto con ellos, también se produjo una entrada y registro en la vivienda del presidente del partido, Mustafa Aberchán, en ese momento en Santander, a donde había viajado por cuestiones de trabajo, así como del extitular de Distritos, Mohamed Ahmed Al-Lal, que reside en Granada.
Todos ellos quedaron detenidos y pasaron a disposición judicial. Almansouri, Rachid y Mohatar, así como Selam, fueron enviados a prisión provisional comunicada y sin fianza; sólo Yonaida Selam pudo eludir la cárcel mediante el pago de 5.000 euros. Aberchán y Ahmed Al-Lal quedaron en cárceles de sus respectivos lugares de estancia en ese momento mientras que Fatima Kaddur quedó en libertad con cargos y la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días.
Al día siguiente, la detenida fue la también exconsejera Cecilia González, que quedó en libertad provisional. Durante esa segunda jornada se registraron las viviendas de varios empresarios melillenses que fueron detenidos y quedaron libres, algunos con el pago de fianzas para no ingresar en prisión. En esa segunda tanda también se tomó declaración a directores generales y técnicos de la Ciudad Autónoma.
Todos los representantes de CpM, cuatro de los cuales siguen como diputados en la Asamblea (Rachid Bussian como vicepresidente segundo de la Mesa, Almansouri, Cecilia González y Fátima Kaddur) están investigados por los delitos de organización criminal, prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias y malversación de fondos.
La llamada operación Santiago-Rusadir sobre delitos relacionados con la corrupción que dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla atribuye a cuatro dirigentes de Coalición por Melilla (CPM) y exmiembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma la presunta adjudicación fraudulenta de 358 contratos, cuyo valor asciende a 7.802.644,94 euros.
