Los sindicatos CEP, AEGC y CSI-F organizan una charla sobre la labor policial y la legislación vigente
“Los agentes de las Fuerzas y Cuepos de Seguridad del Estado son los primeros interesados en el respeto escrupuloso a los derechos”. Así lo afirmó a El Faro el juez decano de Melilla, Fernando Portillo, quien participó ayer en una conferencia sobre el trabajo de Policía y Guardia Civil a la hora de investigar delitos. Las ponencias estuvieron centradas especialmente en las reformas legales que afectan a la labor que llevan a cabo estos efectivos.
Las charlas se desarrollaron en el Aula 10 de la UNED y estuvieron organizadas por la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Hubo tres ponencias. La primera de ellas estuvo protagonizada por Federico Morales, magistrado presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, cuya sede permanente está en Melilla. Su intervención estuvo centrada en la prueba de la inteligencia policial.
A continuación, turno para su compañero Fernando Portillo, también magistrado y actual juez decano de los tribunales de nuestra ciudad. Este conferenciante destacó las novedades derivadas de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), llevada a cabo en 2015.
La nueva redacción de esta norma plasma por escrito que los detenidos “tienen derecho a entrevistarse con su abogado antes de declarar ante la Policía”. Los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad han de “avisar al Colegio de Abogados inmediatamente y sin demora justificada”. Portillo destacó que, si bien era una práctica habitual, “no estaba recogida” en la ley. “Ahora, sí”, gracias a la “importantísima modificación del artículo 520”.
El juez decano de Melilla recalcó que, tras la reforma de la LECr, se hace “hincapié” en que el arrestado “tiene derecho a la intimidad y a la propia imagen”.
Portillo subrayó igualmente que la ley aporta “mucha más seguridad jurídica” y citó como ejemplo que ahora “se especifican los requisitos para intervenir las comunicaciones”.
Aunque señaló que algunos funcionarios policiales pueden entender que la aplicación de estos derechos “dificulta la investigación”, consideró que ellos mismos “se dan cuenta de la necesidad de respetar esos derechos”.
También dio una charla el sargento de la Guardia Civil José Sebastián Bonilla, miembro de AEGC, quien trató el asunto de las pruebas “ilícitas”. Bonilla citó el ‘caso Falciani’ como “prueba irregular” que se ha entregado a las autoridades judiciales. El conferenciante señaló que esa prueba nunca podría haberse aceptado si la hubiera aportado “un funcionario público”.
