Los planes de empleo de 2023 siguen todavía sin funcionar y 1.400 melillenses aguardan sus contratos como agua de mayo porque, como todo el mundo sabe, se trata de parados que necesitan urgentemente un puesto de trabajo y una nómina mensual que llevar a sus familias, aunque sea por espacio de un semestre. La situación no puede ser más preocupante si apuntamos que se trata de 12 millones de euros procedentes del Estado, que podrían inyectarse en una economía tan maltrecha y necesitada como es la de nuestra ciudad.
Todavía nadie ha explicado por qué los planes han sufrido tanto retraso este año. Se supone que debían de haber empezado en marzo pero eso nunca ocurrió. De ahí que la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, no pueda ampararse ahora en la sentencia ganada por la CGT para justificar un retraso a todas luces fruto de una incompetencia en la gestión. El fallo judicial, de hecho, es un mes posterior al plazo para el inicio de los contratos con lo cual no es el motivo de tanto aplazamiento.
Los planes de empleo no son la panacea para Melilla, que precisa como respirar un nuevo modelo productivo que garantice la supervivencia económica y la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, son un bálsamo para las 1.400 familias que se benefician de ese programa por cuanto que les permite disponer de un sueldo con el que sobrellevar la situación durante seis meses. De ahí la gran importancia que tienen y de ahí también que resulte tan censurable la posición de la delegada del Gobierno, máxima responsable de lo que está sucediendo este año con esos contratos.
Dada la gravedad de la situación, el Gobierno local ha optado por una vía que podría desbloquear los planes. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, se comprometió a poner sobre la mesa el dinero necesario para financiar el coste de la sentencia si a cambio la Delegación saca de inmediato los contratos pendientes. Es decir, firmar un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones que beneficie a esas 1.400 familias y que impediría que se pierdan los 12 millones de euros que supone el desarrollo de esos planes.
Sabrina Moh, sin embargo, ha respondido con vaguedades a la propuesta realizada desde el Gobierno local. Queda bien diciendo que la Delegación tiene sus puertas abiertas pero inmediatamente acusa a Imbroda de hacer electoralismo, al tiempo que, como siempre, manifestara que se está trabajando en el tema y buscando soluciones porque es una cuestión jurídica que no económica.
Pero la cuestión es otra. El retraso por el estudio jurídico se entiende que es desde que se conoció la sentencia, hace cosa de un mes. En consecuencia, ¿por qué los planes no salieron antes teniendo en cuenta que corresponden al año 2023? ¿Por qué a mediados de abril no estaba todo cerrado y hecho? ¿Por qué hubo tantos errores en las listas primeras? Ninguna de esas preguntas tienen una respuesta, al menos por ahora.
La Ciudad Autónoma ha dicho que está dispuesta a hacer sus propios planes para tener a trabajadores contratados antes de que finalice 2024 si la Delegación no acepta su propuesta de pagar la sentencia y que salgan de forma inmediata. Tal vez sea la opción más recomendable a la vista de que la Delegación, por motivos que no se han dado a conocer, ha tardado cuatro meses en poner en marcha esos planes y, encima, ahora trata de justificar el retraso por una sentencia muy posterior al momento en que los contratos debían estar incluso formalizados.
