Los menores migrantes acogidos en Melilla serán trasladados en cuatro meses

El Gobierno de Melilla ha anunciado que todos los menores migrantes no acompañados acogidos actualmente en la ciudad serán reubicados en la península en un plazo de cuatro meses. Esta medida se enmarca en el plan nacional de derivaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene como objetivo descongestionar los territorios con mayor presión migratoria, como Melilla, Ceuta y Canarias.

La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, explicó que la ciudad autónoma ha activado la declaración de contingencia migratoria, una herramienta que permite al Estado asumir la derivación inmediata de los menores no acompañados. Según detalló, cada menor que acceda a partir de ahora a Melilla contará con un plazo máximo de quince días para ser trasladado a otro recurso fuera de la ciudad.

La declaración de contingencia fue solicitada por el Ejecutivo melillense la semana pasada como respuesta a la saturación de los recursos locales. “Melilla ha sufrido mucho con esta situación”, señaló la consejera, haciendo referencia a la sobrecarga que durante años ha enfrentado el sistema de protección de menores de la ciudad.

Paralelamente, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, mostró su respaldo a la medida, aunque criticó duramente el reparto de menores fijado por el Gobierno central. Imbroda denunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha excluido del reparto a Cataluña y al País Vasco, acusándolo de “ceder al chantaje de separatistas e independentistas” y de priorizar “el apoyo de sus socios parlamentarios sobre el bienestar de los menores extranjeros”.

A nivel estatal, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, informó en declaraciones remitidas a los medios que este mes de septiembre se intensificarán las derivaciones, con el compromiso de “incrementar e incluso duplicar” los traslados semanales. Esta aceleración permitirá no solo aliviar la situación en Melilla, sino también aumentar la salida de menores desde el centro estatal de derivación “Canarias 50”, en Las Palmas.

Cancela subrayó además que, en los últimos meses, se ha afianzado la colaboración entre el Gobierno central y el de Canarias, un modelo de coordinación que ahora se extiende a Ceuta y Melilla para lograr una redistribución más ágil y equitativa entre comunidades.

La derivación de los menores se realiza tras una evaluación individualizada a cargo de la entidad gestora Engloba, que se encarga de elaborar informes que garanticen que cada traslado se realiza en función del interés superior del menor. Los niños y adolescentes derivados en este proceso reciben la condición de solicitantes de protección internacional.

Según fuentes ministeriales, la mayoría de los menores que serán trasladados presentan un perfil de alta vulnerabilidad. Cerca del 90% son de nacionalidad maliense, muchos de ellos han huido solos de situaciones de conflicto armado, y hay una presencia significativa de niñas y adolescentes en los centros de acogida.

Por motivos de seguridad y protección, el Gobierno ha decidido no hacer públicas las ubicaciones de destino de los menores, una medida destinada a preservar su intimidad y garantizar su bienestar durante el proceso de integración en los nuevos recursos de acogida.

Este nuevo plan de derivaciones se suma al cumplimiento de una orden cautelar del Tribunal Supremo, que obligó al Gobierno a asumir directamente la acogida de un millar de menores solicitantes de asilo. De manera paralela, el Ejecutivo también ha puesto en marcha el traslado de otros 3.000 menores desde Melilla, Ceuta y Canarias hacia diferentes recursos estatales y autonómicos distribuidos por la península.

El proceso sigue el protocolo detallado en informes oficiales y en reportajes como el publicado por este medio el pasado mes, donde se explica que el traslado incluye una evaluación psicosocial, pruebas médicas, entrevistas y acompañamiento profesional durante toda la transición.

Con esta medida, el Gobierno pretende dar una respuesta estructural a la gestión de menores no acompañados y reforzar el papel solidario del conjunto del sistema de protección de la infancia en España.