Los abogados de la acción popular sostienen que la Guardia Civil debió denunciar a los inmigrantes.
En el Juzgado de Instrucción número 5 comparecieron ayer, además del coronel y jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, y el comandante Arturo Ortega Navas, un sargento y un guardia civil que estuvieron presentes cuando se produjeron las entradas de los 21 inmigrantes en los coches ‘kamikaces’. Éstos explicaron que los vehículos en los que los subsaharianos viajaban entraron a toda velocidad a través de los puestos fronterizos de Beni Enzar y Farhana, haciendo caso omiso a las órdenes de alto de los agentes e iniciándose así una persecución por las calles de la ciudad. A pesar de ello, el comandante Ortega Navas aseguró al juez que no ve la comisión de ningún delito en estos sucesos.
El sargento y el guardia civil que declararon como testigos en las comparecencias programadas para la jornada de ayer explicaron, por una parte, los daños que los inmigrantes produjeron en el puesto fronterizo tras la entrada de uno de los vehículos a la carrera. El sargento que participó en la persecución afirmó que a los subsaharianos se les dio el alto en varias ocasiones.
Pero ninguno de ellos pudo explicar al juez Miguel Ángel Gutiérrez porqué no se detuvo a los inmigrantes y se les denunció ante la autoridad judicial. Los abogados de la acción popular consideran que los agentes de la Benemérita debieron interponer una denuncia por desobediencia a la autoridad, pues los inmigrantes hicieron caso omiso a las llamadas al alto de los agentes. Por otra parte, la entrada a la carrera a través de la frontera causó daños por los que los subsaharianos también habrían debido responder. Además, los hechos podrían constituir un delito contra la seguridad vial porque los ‘kamikaces’ pusieron en peligro la vida de los agentes y a los viandantes. También podrían haber ocasionado daños a otros coches en la frontera y a los ocupantes de dichos vehículos. Además, cabía la posibilidad de que los inmigrantes no tuvieran licencia de conducir.
Por tanto, los abogados de la acción popular consideran que existen indicios suficientes de la posible comisión de una serie de delitos y faltas que la Guardia Civil debió denunciar y no lo hizo. Los dos agentes que declararon ayer como testigos no pudieron explicar por qué no se formularon las denuncias correspondientes. Por su parte, el comandante Ortega Navas se limitó a indicar que no creía ver la comisión de ningún delito por parte de los inmigrantes ‘kamikaces’. “Los testigos (el sargento y el agente de la Guardia Civil) únicamente dijeron que intentaron hacer las cosas lo mejor posible y luego salió todo como salió”, comentó uno de los letrados.
La acción popular estudia pedir más declaraciones y documentación
Los abogados de la acción popular, es decir, las entidades que presentaron una denuncia por la devolución de los 21 inmigrantes ‘kamikaces’ en febrero de 2013, Coalición por Melilla (CpM), la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), estudiarán en los próximos días la posibilidad de solicitar al Juzgado de Instrucción número 5 más declaraciones de testigos y documentación sobre la devolución de los subsaharianos. Por el momento, el juez Miguel Ángel Gutiérrez deberá valorar ahora las declaraciones prestadas ayer y decidir si abre un procedimiento para la celebración del juicio o no. Los letrados de la acción popular temen que el juez archive el caso. Explicaron a El Faro que el Ministerio Fiscal fue muy insistente en que imputado y testigos declararan que las devoluciones fueron legales en base al acuerdo hispanomarroquí del año 92, por lo que cabe la posibilidad de que no formule acusación. No obstante, de producirse el sobreseimiento y archivo del caso, se recurriría a una instancia judicial superior.
