El profesor de Derecho Penal José Miguel Sánchez Tomás ve indicios “bastante serios” de un delito de prevaricación en esta práctica que, aún defendida por Interior, no tiene amparo legal.
El Campus Universitario de Melilla acogió ayer la presentación del informe ‘Devoluciones en caliente en la valla de Melilla’, cuya autoría corresponde a los expertos universitarios en Derecho Penal, Elisa García España, Margarita Martínez Escamilla, José Miguel Sánchez Tomás y José Luis Segovia Bernabé. El delegado del rector en el Campus, Sebastián Sánchez, fue el encargado de hacer las presentaciones en el acto al que asistió un nutrido grupo de melillenses interesados en la materia.
El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez Tomás, dijo ver “lógica” la imputación del coronel de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 sobre las llamadas ‘devoluciones en caliente’.
“La imputación es lógica. Cuando hay una conducta que puede ser ilícita penalmente. Lo lógico es que se abra un procedimiento y se puedan depurar responsabilidades. Cuando la Administración es consciente de que una conducta no tiene amparo legal y persiste en ella, es un indicio bastante serio de estar ante un posible caso de prevaricación”, argumentó Sánchez Tomás, en declaraciones a los medios de comunicación.
El profesor recordó que, tras los sucesos ocurridos en Ceuta, el Ministerio del Interior justificó las ‘devoluciones en caliente’ aún cuando no tienen un respaldo jurídico. Sánchez Tomás señaló que fue en ese momento cuando él y sus compañeros comenzaron el análisis de este fenómeno. “Los argumentos del Ministerio no eran medianamente convincentes y carecían de respaldo legal”, apostilló.
La segunda parte del informe se centra en el siguiente paso que dio Interior, cuando dijo que estudiarían cambiar la ley para que estas devoluciones fueran legales. “Aquí vimos que básicamente no se puede adaptar la ley a Melilla porque infringiría no solamente la legislación europea sino internacional” y a la que España está suscrita.
La tercera y última parte del informe, explicó Sánchez Tomás, trata de los indicios penales que estos juristas han encontrado en las ‘devoluciones en calientes’, que pueden incurrir en delitos de prevaricación y contra los derechos individuales de las personas.
Durante su visita a Melilla, los cuatro juristas se reunirán con las principales autoridades de la ciudad así como con asociaciones y entidades del Tercer Sector.
