Después de que Vivas haya optado por aplazar el nuevo debate en el Congreso con el fin de propiciar un mayor consenso con el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación. Salvo variaciones de última hora, todo está previsto para que el próximo 3 de noviembre los Gobiernos de Melilla y Ceuta se reúnan en Málaga para abordar asuntos de interés para ambas ciudades, como el muy de actualidad relativo a la ampliación de la bonificación en la cuota patronal de la Seguridad Social que, en ambas ciudades, beneficia a los sectores de comercio, hostelería, turismo y algunas ramas de la industria exceptuando energía y agua.
Los Ejecutivos de ambas ciudades aún no han precisado el orden del día de una reunión que promete retomar también los ya abordados en la que mantuvieron en abril pasado, tras las constitución a finales de 2009 de sendos grupos de trabajo con la Administración central, tendentes a estudiar el nuevo régimen económico y fiscal que pretenden ambas administraciones autonómicas así como el tratamiento específico que ambas ciudades demandan a la Unión Europea.
Ampliación bonificación
En todo caso, uno de los asuntos que aparecerá en la agenda será la negociación abierta por Ceuta para lograr consensuar la pretendida ampliación de la bonificación en la cuota patronal de la Seguridad Social del 40% actual hasta un 50%, así como su extensión a casi todos los sectores del tejido productivo.
De hecho, el Gobierno de Ceuta, tras dos años y medio esperando a que se diera curso en el Congreso a su iniciativa legislativa, encaminada a conseguir la comentada ampliación en la bonificación a la cuota patronal de la Seguridad Social, optó el pasado jueves por paralizarla, en virtud de un mayor consenso con el Partido Socialista y el Gobierno central, partidarios de aumentar la bonificación del 40 al 50%, pero no así de extenderla a todos los sectores productivos.
Para los ceutíes, no podía pasar por alto que el debate inicial de su iniciativa, previsto en principio para el martes 26, estaba llamado a correr la misma suerte que la iniciativa que Melilla defendió en la Cámara Baja en sentido idéntico en mayo pasado. Entonces, los votos del PSOE, junto con los de PNV y CiU echaron para atrás la misma propuesta, frente a los de PP, ERC-IU-ICV y Coalición Canaria, que sí apoyaron su toma en consideración aunque con la advertencia, por parte de canarios e IU, de que una vez se procediera a su debate la enmendarían o mejorarían.
El ‘as’ de Vivas
El precedente de Melilla ha determinado que el Gobierno Vivas haya optado por otra fórmula, de la que sin embargo penden todo tipo de interrogantes. Por un lado, se sabe, tal cual ha expresado el PSOE por activa y pasiva, que los socialistas son partidarios del aumento de la cuota pero no de su extensión a todos los sectores productivos. Entienden los socialistas, según ha reiterado en estos días el portavoz del mismo partido en Ceuta, José Antonio Carracao, que la bonificación debe ser básica para el funcionamiento económico de las empresas y para la creación de empleo.
En un sentido más amplio, los populares sostienen que la medida debe paliar las especiales dificultades que por cuestiones geográfica se derivan para ambos territorios y que explican sus altos índices de paro: se refieren en concreto a los problemas de transportes y el encarecimiento que esto conlleva en la importación de mercancías, a la alta densidad poblacional que registran ambos territorios y a la falta de espacio físico en el que crear industrias o cualquier otro tipo de iniciativas que sirvan de alternativa al peso excesivo del comercio en ambas ciudades. De hecho, la medida, aprobada por el Gobierno de Aznar en el año 2003 y prorrogable cada dos años, repercute también parcialmente en el sueldo de los trabajadores, que se ve incrementado gracias a la misma.
Negociación
La negociación iniciada por Vivas no tiene fecha ni ha marcado aún de forma concreta cuándo y cómo podría aprobarse la pretendida ampliación de la bonificación en la cuota patronal a la Seguridad Social. Se baraja la posibilidad, una vez cerrado el acuerdo con el Gobierno de Zapatero, de que pudiera llevarse a efecto mediante proyecto de ley presentado por el Ejecutivo nacional o bien mediante una proposición de ley de algunos de los grupos mayoritarios en las Cortes, sin descartar que se produjera a partir de la iniciativa ceutí hoy en día paralizada y que, una vez consensuada, aseguraría su admisión a debate para su posterior discusión en la Cámara con las correspondientes enmiendas.
