Continúan las negociaciones a tres bandas entre el Gobierno, los empresarios (CEOE y Cepyme) y los sindicatos (CCOO y UGT) sobre la reducción de la jornada laboral.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social envió a finales de junio a los agentes sociales un documento en el que se planteaba reducir de forma inmediata la jornada laboral a 38,5 horas y, a partir del próximo mes de enero, a 37,5 horas. Según reflejaba el texto, se aplicaría de forma inmediata, concretamente una vez el decreto fuera aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pese a todo, el Gobierno dio unos días a la patronal para presentar sus propuestas.
Unos días más tarde, a principios de julio, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, consideró "una burla al diálogo social y a la democracia" la oposición de la patronal a reducir la jornada laboral, por lo que, tal como se anunció, el Gobierno seguiría avanzando "de la mano de los sindicatos" para pulir un texto que cuanto antes pudiera ser remitido a las Cortes Generales". "La postura de la patronal ha dejado mucho que desear, ha sido claramente decepcionante e incomprensible", manifestó en aquellos momentos el secretario de Estado.
Ese mismo día, sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que llevaría una propuesta a la patronal a la próxima reunión de la mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral, ante la "huelga de brazos caídos" de los empresarios, entre críticas a la CEOE de que estuviera hablando ante los medios de comunicación del asunto mientras no llevaba propuestas a la mesa.
Ahora, las últimas noticias que llegan desde Madrid cuentan que el Gobierno va a aparcar la negociación sobre la reducción de la jornada y añade a ello la posibilidad de que la adaptación a la reducción de jornada laboral se pueda ejecutar pasado el año 2025. El Ejecutivo central intenta, de esta manera, convencer a los empresarios, pero el secretario general de Comisiones Obreras en Melilla, Francisco López, ha advertido de que puede resultar que acabe atrayendo a la patronal y no a los sindicatos. De hecho, este jueves por la mañana, en declaraciones a un medio de comunicación, el secretario general de CCO a nivel nacional, Unai Sordo, ha advertido de movilizaciones en el mes de septiembre: "La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones. La CEOE sigue sin decirnos si quieren negociar y dicen que lo hagamos en la negociación colectiva. Estamos dando vueltas a un círculo y cuando esto ocurre la mejor forma es movilizarse. Tenemos que hablar con UGT y ya le daremos forma".
Sin embargo, tampoco a la patronal le convence esta vuelta de tuerca del Gobierno. El presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Enrique Alcoba, ha cargado con dureza contra la ministra, ya que, en su opinión, "esto no es ninguna mesa de diálogo, sino una imposición que quiere hacer el Gobierno", por lo que ha reiterado su negativa.
Según Alcoba, Díaz -quien "piensa que todo funciona por decreto y por imposición y no es así"- tendría que mirar por los intereses de empresarios y trabajadores y no entrometerse en las conversaciones entre ellos por la jornada laboral, que deberían mantenerse en las mesas negociadoras entre la patronal y los sindicatos sin intromisiones.
"Esto es un asunto político. La ministra de Trabajo quiere ponerse una medalla y el Gobierno la está apoyando", ha criticado el presidente de la CEME, quien calcula que la reducción de jornada equivaldría a 12 días más de vacaciones o "una subida encubierta del seis por ciento en el salario".
Alcoba ha repetido que, si a cualquier empresario o empleado se le pregunta si quiere trabajar menos cobrando igual, todos van a responder que afirmativamente, pero ha recalcado que "esto no funciona así", ya que, "si trabajas menos, produces menos y vendes menos", por lo que no está de acuerdo en "regalar 2,5 horas cada semana".
Además, el presidente de la patronal melillense ha advertido de que nunca se ha hecho, ni se puede hacer, esto de una manera general, por lo que se ha mostrado partidario de negociarlo por sectores y ciudades. En este sentido, Alcoba ha dicho que las más perjudicadas serían las pequeñas y medianas empresas y las que viven de la atención al público y ha puesto un ejemplo que considera gráfico. "No es igual una industria, una empresa grande, que una empresa pequeñita –un comercio o una hostelería-, que tiene una atención al público y a los clientes y no se les puede echar a la mitad de la comida o cuando está comprando porque tiene que cerrar", ha concluido Alcoba.
Sin embargo, el secretario general de UGT-Melilla, Javier Valenzuela, cree que la reducción de la jornada laboral "es inevitable, con o sin los empresarios", ya que España lleva casi medio siglo con las 40 horas semanales. En este sentido, Valenzuela alega que las nuevas tecnologías permiten esa reducción sin que se vea afectada la productividad. De hecho, el líder de UGT-Melilla ha dejado claro que el sindicato seguirá persiguiendo la jornada de 35 horas.
Habrá que ver cómo termina todo esto. Por ahora, sigue sin haber nada concreto ni oficial.
ME TEMO QUE ALGUNOS EMPRESARIOS ESCLAVISTAS DEL SIGLO XXI SE VAN A COMER CON PATATAS , SIN ANESTESIA Y SIN GANAS LAS PROPUESTAS DE LA JORNADA LABORAL IMPUESTA POR EL GOBIERNO DE TURNO...