Los empleados públicos tendrán una subida salarial complementaria del 0,5 % al superar la cifra de PIB de 2023 lo recogido en el cuadro macroeconómico que acompañaba a los Presupuestos Generales del Estado, según se aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros.
El acuerdo marco sellado entre Gobierno y sindicatos recogía una subida salarial fija del 2,5 % para 2023 a la que podían sumarse dos incrementos adicionales de 0,5 puntos si se daban dos supuestos que se han cumplido, según confirman fuentes sindicales.
El primero, que dependía de las cifras de inflación, ya se abonó el año pasado desde las nóminas de octubre.
El INE publicó este martes que la economía española avanzó un 2023 un 2,5%, 3,3 puntos menos que en 2022, pero una décima más de lo que esperaba el Gobierno, tras acelerarse el crecimiento en el cuarto trimestre.
Así, se cumple ese segundo incremento adicional del 0,5% que tendrá carácter consolidable y será con efectos desde enero de 2023 elevando al máximo del 3,5% la subida salarial del ejercicio.
Para 2024, el acuerdo establece un incremento salarial fijo del 2%, al que podría sumarse un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación.
Ese incremento salarial no va a suponer un problema para el capítulo 1 de los presupuestos de la Ciudad Autónoma, que fueron recientemente aprobados de forma inicial y cuando aún esta medida se desconocía. El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, explicó que existe dentro las partidas para personal 1,8 millones de euros para cubrir contingencias como ésa.
Esa "bolsa" de 1,8 millones no solo podría utilizarse para hacer frente a la subida del 0,5% del sueldo de los empleados públicos dependientes de la Administración Local sino que también pueden ser destinados a otras cuestiones, como un supuesto pago del acuerdo con la Policía Local o incluso cuestiones judiciales que están por resolverse.
No hay que olvidar, por ejemplo, que la Ciudad Autónoma está pendiente de los dictámenes del Juzgado de lo Social tras los primeros trece juicios celebrados en la demanda presentada por no haber pagado supuestamente a los trabajadores conforme a lo establecido en el convenio colectivo.
Bien por el gobierno central.