La asociación Facua-Consumidores en Acción exigió ayer al Consorcio de Compensación de Seguros que agilice la resolución de las reclamaciones de los afectados en Melilla y parte de Andalucía por el terremoto de 6.3 grados en la escala de Richter, que sacudió la ciudad en la madrugada de ayer.
Facua recuerda a los melillenses que en el caso de tener contratado un seguro de hogar tienen derecho a reclamar los desperfectos que les haya ocasionado en sus viviendas el terremoto a través del Consorcio de Compensación de Seguros, en el caso de que sus seguros no cubran riesgos extraordinarios, que es lo más común. También pueden acudir al Consorcio si la aseguradora no puede hacer frente a sus obligaciones por estar en quiebra o suspensión de pagos, según informó la organización en defensa de los consumidores en una nota de prensa.
Para poder acceder a una indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros es imprescindible que el asegurado tenga vigente el seguro de daños. O sea, la protección frente a riesgos extraordinarios está obligatoriamente vinculada a la suscripción de una póliza de seguro de daños.
Para presentar una solicitud de reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros hay que llamar al 902 222 665 o al 952 367 042, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. También, a través de la web www.consorseguros.es.
Para Facua es importante que las familias que han sufrido daños en sus casas provocados por el seísmo no tengan que esperar a que se agoten los plazos legales.
Ayer Facua pidió a la Ciudad Autónoma, a la Delegación del Gobierno y al resto de administraciones competentes, que habiliten con urgencia un gabinete de información y asesoramiento de los damnificados por el terremoto.
Las declaraciones de Facua se adelantaron al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado ayer a las 19:00 horas en la Delegación del Gobierno, que acordó que hoy se constituirá el gabinete que evaluará los daños en las viviendas de los melillenses afectados por el movimiento sísmico.
Sin embargo, Facua-Consumidores en Acción insiste en que una oficina de información es necesaria para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos.
