En marzo y abril de 2020, el Ministerio de Sanidad compró productos sanitarios a precios "muy inferiores" a los que abonaron ayuntamientos y comunidades, de modo que pagó por mascarilla quirúrgica 0,4 euros y por las FFP2 hasta 2,67, frente a los 0,8 y 5,88 euros, respectivamente, que llegó a desembolsar Madrid. Por su parte, Melilla las pagó a 0,77 euros.
Así consta en el documento "Las compras de material sanitario por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia por covid-19" que el exministro Salvador Illa ha trasladado a la Comisión del Congreso que investiga el caso Koldo y presuntas irregularidades en los contratos sanitarios durante la covid-19, al que ha tenido acceso la agencia EFE.
Datos que el actual líder de los socialistas catalanes jamás ha utilizado antes para hacer ningún reproche porque es conocedor de la crítica situación que se vivió entonces, cuando "lo prioritario no era comprar barato, lo prioritario era traer material", ha enfatizado en su comparecencia.
"Nunca lo usé durante la pandemia ni lo uso ahora; simplemente lo pongo de manifiesto para que todos nos miremos ante el espejo de aquellos días que fueron terribles", ha señalado Illa.
El triple por los guantes
En aquellos primeros meses, "la práctica totalidad de los precios de los productos" contratados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) "no solo estaban dentro de mercado, sino que resultaron ser muy inferiores a los abonados por otras administraciones públicas", resalta el informe.
Solo en marzo, Sanidad adquirió un total de 608 millones de mascarillas quirúrgicas, a un precio unitario de entre 0,41 y 0,44 euros.
Del 20 de marzo al 10 de abril, se cerraron un total de 28 contratos por un importe de 750 millones para adquirir 642 millones de mascarillas quirúrgicas, 106 millones de FFP2, 58 millones de guantes, 3 millones de monos de protección, 5,5 millones de gafas de protección, 6.298 respiradores y 0,5 millones de test de diagnóstico rápido.
Por su parte, los ayuntamientos de las grandes ciudades desembolsaron aquel mes cantidades superiores: Madrid (0,55 euros); Barcelona, (0,70); Sevilla (0,65); Málaga (0,50).
Las comunidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla llegaron a los 0,77, un rango que se repitió en Madrid, que "contrató suministros de mascarillas quirúrgicas en el mes de marzo de 2020 por importes de 0,8 y 0,7 euros la unidad", o la Valenciana, que "hizo lo propio por un precio unitario de 0,65 euros".
Incluso meses después, con el mercado más normalizado, Madrid llegó a abonar mascarillas quirúrgicas a 1,21 y 1,20.
Lo mismo sucedió con las mascarillas FFP2, por las que el Ministerio pagó entre 1,25 y 2,67, cuando a Madrid le costó cada una entre 4 y 5,88 euros en abril de 2020.
Y con los guantes y las gafas: por los primeros, Sanidad pagó entre 0,03 y 0,06 euros la unidad, pero en al menos 17 contratos de la comunidad madrileña, su precio casi se triplicaba a los 0,11 y 0,13 euros incluso en agosto, cuando llegó a apoquinar 0,29 euros.
Por las gafas, mientras tanto, el Ministerio pagó entre 2,37 y 5,20 euros y la CAM llegó a los 9 euros en abril.
Madrid sirvió para calcular las necesidades de material
En todo caso, fueron precios que estuvieron por encima de lo habitual: el agravamiento de la pandemia trajo consigo una ruptura del stock de todo tipo de material sanitario a nivel mundial, incluida España, que enseguida comprobó que todas las existencias disponibles eran "totalmente insuficientes".
Para calcular las necesidades, se usaron datos de Madrid por tener el mayor número de positivos, de forma que el criterio usado fue el consumo diario de esta comunidad multiplicado por 2, a cuyo resultado se aplicó un factor de corrección de 1,3.
Enseguida se constató que era imposible satisfacerlas con los proveedores españoles y europeos, por lo que Sanidad tuvo que dirigir su mirada al mercado asiático y, más concretamente, a China, con cuyo gobierno se mantuvieron conversaciones "al más alto nivel" por parte del Ejecutivo español.
"Todo el proceso resultó desde el inicio muy complicado", ha recordado una y otra vez el exministro y constata el documento: primero, porque China se reservaba para su demanda interna el 90 % de su producción, y segundo, por los propios problemas de oferta de los proveedores de este país como consecuencia de la paralización de su actividad industrial por la pandemia.
Además, España no fue la única, y empresas e intermediarios de todo el mundo entraron a comprar directamente en el mercado chino, y fue lo que empujó los precios al alza; a veces fueron tan "desproporcionados" que incluso "algunas ofertas se consideraron directamente como intentos de estafa".
No obstante, el Ministerio "desplegó un ambicioso sistema para garantizar la calidad y seguridad de todos los materiales contratados".
Incidencias "lógicas"
Los cambios en la legislación china, el colapso de aeropuertos y estaciones, el endurecimiento de los trámites aduaneros, la escasez de materias primas, la saturación de los laboratorios o las restricciones a la movilidad complicaron más las cosas, de modo que se acumularon los retrasos.
A pesar de ello, se ejecutaron "la práctica totalidad de los contratos (todos los de mascarillas)", antes de octubre de 2020.
Sí que hubo incidencias "excepcionales" pero "lógicas", como las registradas con las empresas Interpharma, Hangzhou Ruining Trading, Hyperin o Member of the Tribe, pero en todos ellos, Sanidad actuó "con determinación" para resolverlos.
La adquisición de los equipos de protección "se realizó en todo momento de acuerdo con los procedimientos y trámites previstos en la legislación vigente".
"Todos los expedientes de emergencia del Ministerio de Sanidad -asegura- contaron con doble fiscalización favorable por parte de la Intervención General de Administración del Estado, antes del pago y una vez rendidas las cuentas justificativas".
De hecho, "cuatro años después, en los procedimientos resueltos (en el ámbito judicial, de investigación, fiscalización o autoría) no se ha encontrado ningún indicio de responsabilidad penal, contable, patrimonial o administrativa de ninguna persona relacionada con el Ministerio de Sanidad", concluye.
