De la Rosa augura que el Gobierno melillense “intentará descabezar al Colegio”.
El Colegio de Arquitectos señaló en la jornada de ayer que la Ciudad Autónoma “puede haber sido cómplice, junto con los promotores de viviendas, de engañar a compradores de casas” de Melilla. El presidente de dicho colectivo, Francisco Javier Herrera de la Rosa, realizó estas declaraciones en relación a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Número 2 de la ciudad, que indica a la Ciudad Autónoma que debe “depurar las responsabilidades” denunciadas por el Colegio de Arquitectos en el año 2005.
La resolución, fechada el 23 de enero de 2013, señala que las irregularidades denunciadas por el Colegio hacen referencia a que no se detectó que se hubiera reservado suelo para ciertas obras, ni por lo tanto materializado las cesiones de equipamiento preceptivo. También se denunció una actuación al entender que en el sector donde se estaba llevando a cabo “se había superado ampliamente el aprovechamiento susceptible de apropiación indicado en el Plan General de Melilla”, alegando que no se habían detectado las cesiones de espacios libres y equipamiento primario exigidos en la Ley de Suelo y que en la zona de equipamiento primario se había construido una piscina privada.
La sentencia recalca que el contencioso administrativo también es objeto de la desestimación de otras dos denuncias realizadas en octubre de 2008. En concreto, se trata de la construcción de un edificio de uso cultural al entender que la calificación de parque y zona verde es incompatible con los usos dados.
“Se eximió a algunos promotores de ceder el suelo público que obliga la Ley para crear equipamientos y parques de barrio. Se lo regalaron a dichos promotores para el uso privado de urbanizaciones de chalets que ponían a la venta, con lo cual el precio de esas viviendas aumentó considerablemente. Además, se sustrajo suelo público a todos los melillenses, en una ciudad donde existen carencia de terrenos libres en los barrios más edificados”, afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos.
“Lo más grave de todo, y la actuación que se lleva el premio al despropósito, es que en una urbanización, además de quedarse con el suelo público, se pudieron conceder licencias por encima del volumen de edificabilidad permitido”, aseveró.
De la Rosa calificó de “histórica” esta sentencia por su trascendencia y detalló que el Colegio registró en 2005 unas 60 denuncias de carácter urbanístico, pidiendo a la Consejería de Fomento que se pronunciara al respecto, “algo no sucedió.” Los arquitectos extrajeron de dichas denuncias las cinco más graves y volvieron a pedir que se restituyera la legalidad vulnerada, “a lo que la administración dio la callada por respuesta”.
En opinión del máximo representante de este colectivo, el Gobierno melillense “buscará a algún cabeza de turco y, aprovechando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), harán una operación cosmética para disimularlo todo”. Asimismo, auguró que la Ciudad “no depurará responsabilidades” sobre este caso e intentarán “descabezar” al Colegio “a base de desprestigiar a sus cargos directivos”.
Sin interés político
“Las víctimas de todo esto son los melillenses que habitan en las zonas más edificadas, que se han quedado sin sus equipamientos de barrio, como indica la ley”, añadió De la Rosa. En cuanto a las promociones de viviendas afectadas por la sentencia, optó por no desvelar el nombre “para no alertar a los afectados”. No obstante, dos horas después de su comparecencia, el consejero de Fomento, Miguel Marín, aclaró que se trata de las promociones de viviendas de Jardines del Mar, La Quinta y Aznalmar.
“Desde nuestro punto de vista, los culpables son el consejero de Fomento y el director general del área, que en el año 2005, teniendo conocimiento escrito de los hechos denunciados, los metieron en un cajón. A raíz de esto, hemos asistido a un juicio de siete años, muy costoso y pagado por todos los melillenses, para finalizar en una vergonzosa sentencia para la Ciudad Autónoma”, apuntilló.
Para finalizar, aseguró que su comparecencia ante los medios de comunicación no tenía un objetivo político. “Tengo mis amigos, como todo el mundo, pero no soy político. No todo el mundo puede decir lo mismo”, concluyó.
“La Ciudad contrató al despacho de Gómez Acebo y Pombo”.
Al hilo de sus declaraciones, De la Rosa señaló que cuando la Ciudad Autónoma tuvo conocimiento en el 2005 de que el Colegio de Arquitectos había interpuesto un contencioso administrativo, no optó por encargar su defensa a los juristas que tenía en plantilla, “como hubiera sido lo normal”, sino que contrató “a uno de los mejores bufetes de toda España, a letrados del despacho de Gómez Acebo y Pombo, los cuales intentaron, sin éxito, que se desestimara la petición”.
“Nosotros no tenemos medios para pagar una representación de este tipo”, apuntilló. “Nuestra defensa la llevó a cabo el jurista del Colegio”.
Para finalizar, aseguró que la Ciudad Autónoma “ha optado por silenciar la sentencia” e intentado “manipular los hechos judiciales” informando a los medios de comunicación sobre una segunda resolución judicial, la referente a la contratación de un arquitecto en el año 2007.
