La vicesecretaria general de la UGT en Melilla afirma que esta ley supone un retroceso de 30 años.
La vicesecretaria general de la UGT en Melilla, Concha López Carrillo, expresó ayer su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 20 de diciembre. La número dos de los ugetistas melillenses aseguró en nota de prensa que este anteproyecto supone “un retroceso de casi treinta años en los derechos de las mujeres”.
Además, para López Carrillo esta ley generará “una gran inseguridad jurídica para los profesionales sanitarios, encargados de practicar las intervenciones de interrupción voluntaria de los embarazos, porque da un paso atrás en la regulación de la práctica de un derecho reconocido e implementado desde el año 2010, con supuestos mucho más restrictivos”, argumentó.
Para la representante sindical, la reforma aprobada por el Consejo de Ministros y que en esta semana ha provocado diversas reacciones, supondrá “la vuelta al oscurantismo de la mayor parte de las interrupciones voluntarias de embarazo, una situación en la que se pone en riesgo la vida y la integridad de las mujeres al tiempo que se condena a la clandestinidad, la labor de los profesionales que hoy realizan legalmente estas intervenciones”, aseveró.
Por último, la vicesecretaria general de la UGT de Melilla reiteró su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, por suponer “una vuelta de tuerca más a los derechos de las mujeres en general y de las trabajadoras en particular”.
La reforma de la ley que vuelve a los supuestos del 85
Las mujeres podrán abortar en los casos de violación hasta las doce semanas y en los que exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la 22º, según el anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado por el Gobierno. Limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal, eliminando el referido a las malformaciones del feto, salvo en caso de que se demuestren anomalías incompatibles con la vida del nasciturus y un riesgo psíquico o físico de la madre. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma “libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal” y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de abortar. “Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985”, destacó, entre la protección del nasciturus y los derechos de las gestantes, y aseguró que también aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto. Con este borrador de la ley, el Gobierno acabará con la ley actual de plazos, que fija el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14º y hasta la 22º en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, o graves anomalías en el feto.
