Opinión

Lo que de verdad le molesta a CpM

Coalición por Melilla responde con amenazas de querella y sospechas sobre la publicidad institucional a un atestado de la UDEF que obra en poder de todas las partes del caso Santiago-Rusadir

Coalición por Melilla ha dedicado diez folios a explicar por qué El Faro no debería contar lo que cuenta. Habla de filtraciones, de desgaste, de dobles raseros y de dinero público. Lo que no hay en ellos es una sola línea que desmienta un dato concreto de lo publicado. Ni uno.

Conviene empezar por ahí, porque es lo que el comunicado intenta tapar. Lo publicado no es fruto de la imaginación de la Redacción, sino el contenido de un atestado-resumen de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que está en poder de la juez instructora del caso Santiago-Rusadir. Un documento que ni siquiera está afectado por el secreto de sumario y que tienen todas las partes, acusaciones y defensas. El propio CpM lo reconoce: “las defensas ya disponen de dicho atestado”. También lo tiene El Faro. ¿Dónde está, entonces, el escándalo?

El escándalo, para CpM, es otro. Es que la opinión pública, y muy especialmente su propia parroquia, conozca con detalle lo que los investigadores describen sobre las elecciones de 2019 y 2023: cómo se habría financiado el voto por correo, cómo se habrían utilizado datos personales protegidos del padrón y del censo para ejercer control sobre los electores, en qué consistía el llamado P25 para tenerlos vigilados y localizados, o cómo se crearon decenas de empresas y se dieron de alta otros tantos autónomos para optar a las ofertas públicas, fundamentalmente de la Consejería de Distritos que dirigía Mohamed Ahmed Al-Lal. Todo presunto y pendiente de lo que decida la Justicia. Pero todo ello consta en el atestado.

Consta también el inmenso trabajo de los agentes de la UDEF, que tuvieron que lidiar incluso con filtraciones sobre cuáles iban a ser sus próximos pasos, como El Faro publicará próximamente. Resulta llamativo que quien hoy se escandaliza tanto por las filtraciones no haya dedicado una sola palabra a esas otras.

Vincular estas publicaciones con la campaña electoral es el recurso clásico de quien necesita una cortina de humo. Hubiera anunciado CpM su apoyo a la candidatura del PSOE o no, esa información se habría publicado en el mismo momento en que llegó a la Redacción. Las noticias no esperan a que los partidos decidan a quién apoyan.

¿Por qué se publica en varias entregas? Por pura imposibilidad material. El atestado es tan denso, contiene tantos datos, tantas ramificaciones y tantos actores presuntamente implicados (políticos, empresarios, funcionarios de la Ciudad Autónoma) que sería imposible abarcarlo en una sola noticia. Trocear no es manipular. Es explicar.

Ante todo esto, ¿qué hace CpM? En lugar de responder a los hechos, ataca al medio. Y lo hace, a mi juicio, muy mal aconsejado por un portavoz jurídico, Isaac Fernández, cuya trayectoria reciente invita a pensar que aún no ha decidido en qué partido asentarse: hace apenas unos meses ejercía como portavoz de Nueva Melilla, una formación de antiguos miembros de CpM desde la que él mismo calificó a Coalición de “marca muerta”.

La primera estrategia es insinuar que existen trapos sucios del PP que El Faro silencia. Eso sí, el comunicado no dice cuáles son ni en qué juzgado se investigan. Por algo será. Deja caer también que el procedimiento salpica a otras formaciones en lo relativo al voto por correo. Por mucho que se revise el atestado de la UDEF que sirve de base a nuestras informaciones, no existe nada de nada a ese respecto.

La segunda es recordar que el Grupo Faro recibe dinero por publicidad institucional. Pues claro. Faltaría más. Quien presta un servicio publicitario lo cobra, como cualquier medio de este país. ¿O es que CpM no contrataba anuncios en este periódico cuando estaba en el Gobierno? El argumento está teledirigido a sus votantes y parroquianos: “se meten con nosotros porque están comprados”. Lo curioso es que el propio comunicado admite que esa contratación no demuestra “por sí misma ninguna dependencia editorial ni condicionamiento informativo”. Ellos mismos desactivan su insinuación.

La tercera es la amenaza: acciones legales “tanto en vía civil como penal” por las filtraciones y por el tratamiento informativo. Nada nuevo. Suele ocurrir cuando a los políticos les incomoda lo que publican los medios. Que se lo pregunten a los periodistas de investigación de El Mundo, The Objective, El Debate, Vozpópuli o El Confidencial, a quienes el tiempo terminó dando la razón con el afloramiento de casos de corrupción de primera magnitud, e incluso con condenas a los propios querellantes.

El Faro respeta la presunción de inocencia de todas las personas investigadas. Pero presunción de inocencia no significa silencio. Los melillenses, y también los votantes de CpM, tienen derecho a saber qué dicen los investigadores sobre lo que presuntamente ocurrió en dos procesos electorales en su ciudad. Si Coalición tiene argumentos para rebatirlo, el lugar es el juzgado. Y si quiere hacerlo también en estas páginas, aquí seguirán abiertas.

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