Agentes de la Policía Nacional registraron la sede de CpM en la Carretera de Farhana al inicio de toda la operación Santiago-Rusadir
Coalición por Melilla (CpM) acusa a El Faro de Melilla de difundir de forma selectiva información policial y judicial del caso Santiago-Rusadir en plena campaña electoral. Lo hace en un comunicado difundido este martes por su portavoz jurídico y miembro de la Ejecutiva, Isaac Fernández Atencia, como respuesta a la información publicada el lunes sobre las sociedades que resultaron adjudicatarias de contratos menores durante el Gobierno que CpM compartió con el PSOE entre 2019 y 2023.
La formación advierte de que su equipo jurídico estudia emprender acciones legales, “tanto en vía civil como penal”, por las presuntas filtraciones de documentación policial y judicial y por el "tratamiento informativo" (sic) de este periódico. “La libertad de información no es una patente de corso”, sostiene el texto, aún a sabiendas de que todos los datos aportados por El Faro están sustentados documentalmente en el sumario del caso Santiago-Rusadir.
CpM señala que El Faro identifica el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) “con su correspondiente numeración, extensión y contenido”. Precisa que las defensas ya disponen de ese documento, pero se pregunta cuándo y por qué cauces llegó al periódico y si se respetaron los deberes de reserva. Lo que no dice es que no existe actualmente ningún secreto de sumario sobre esa parte de la investigación.
El partido insiste en que no cuestiona la investigación judicial, aunque recuerda que un atestado es un instrumento de investigación cuyas conclusiones deben someterse a examen judicial. “Los periódicos no son tribunales de justicia, los titulares no son sentencias”, afirma, en defensa de la presunción de inocencia, una presunción que nunca se ha puesto en duda.
CpM vincula además estas publicaciones con la campaña electoral, después de anunciar su apoyo a la candidatura del Partido Socialista, y plantea si se trata de “una mera coincidencia temporal”. En este caso se trata de una suposición por cuanto que las noticias se publican en cuanto se tiene conocimiento de ese atestado-resumen.
La formación, que lleva más de tres años fuera del Gobierno local, reprocha a El Faro que no fiscalice igual al actual Ejecutivo del PP, aunque no especifica a qué casos concretos se refiere y que además, estén siendo investigados en los tribunales. Con datos que atribuye al Instituto Nacional de Estadística (INE), cifra en 537 las empresas creadas en Melilla en 2024, de las que 197, alrededor del 36,7%, mantienen relaciones comerciales con el Gobierno local, siempre según el partido. CpM aclara que no cuestiona la legalidad de esas sociedades.
También pide aclarar unas adjudicaciones que, según le han trasladado, habrían beneficiado a una persona vinculada familiarmente a una integrante del actual Gobierno, y acusa al periódico de pasar por alto las partes del atestado que afectan a otros partidos o al voto por correo. CpM oculta, en ese sentido, que el atestado-resumen en ningún caso hace referencia a otros partidos en la cuestión de la compra del voto por correo ni de las adjudicaciones de obras menores.
Con respecto al beneficio a una persona vinculada familiarmente a una integrante actual del Gobierno, no existe constancia documental alguna de que se haya abierto un procedimiento de investigación en ningún juzgado de la ciudad.
Por último, CpM reclama transparencia sobre las cantidades de publicidad institucional adjudicadas a Editores del Estrecho, S. L., empresa editora de El Faro, que estima en varios cientos de miles de euros, aunque admite el propio que esa contratación de publicidad no demuestra por sí misma dependencia editorial por parte de El Faro. De hecho, la cuantía actual no difiere de manera significativa a las retribuciones que obtenida el grupo El Faro por publicidad institucional durante el tiempo en que CpM estuvo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma.
La información publicada el lunes recogía que, según el atestado-informe 15025/26 de la UDEF, solo seis de las 21 sociedades y cinco de los 24 autónomos adjudicatarios operaban antes de que CpM entrara en el Gobierno. Los investigadores atribuyen la financiación del presunto fraude electoral a 371 contratos menores por más de 7,5 millones de euros y subrayan que sus conclusiones son presunciones que deberán valorar la jueza y la Fiscalía.
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