La Policía indagaba si tenía adjudicaciones de obras legales y terminó acusándolo de ser el ‘emir’ de una célula terrorista.
Desde el 30 de mayo de 2014, Mustafa Al Lal no ha vuelto a pisar la calle. Está en prisión, acusado de ser el supuesto cabecilla o ‘emir’ de una presunta organización terrorista que habría enviado a Iraq y Mali a 26 combatientes (24 marroquíes y dos melillenses).
Al Lal estaba siendo investigado antes de la ‘operación Javer’, que se saldó con su detención y la de otros cinco supuestos integrantes de una célula yihadista en La Cañada, por trapicheo en contrataciones públicas. “La Policía investigaba si tenía adjudicaciones de obras legales”, señaló Ana Hidalgo, su abogada hasta hace dos meses.
Al no encontrar nada, los investigadores terminaron imputándole un delito de pertenencia a organización terrorista.
En el sumario de su caso abundan conversaciones domésticas y hasta extramatrimoniales, totalmente ajenas a la causa abierta contra él. “¿Qué seriedad le podemos dar a eso?, se preguntó ayer la letrada, que ha venido a Melilla a denunciar supuestas irregularidades en la ‘operación Javer’ y a pedir “que se observe la ley, que se cumpla y que haya garantías para todos”.
El sumario del caso atribuye a Al Lal la función de “líder de la organización”, basándose, según Hidalgo, en que el resto de los detenidos se sometían a él “en todos los aspectos de su vida, incluso la privada”.
Los investigadores llegan a la conclusión de que es “el emir porque llega el último y se sienta en el mejor sitio. ¿Eso es ser terrorista?”, se pregunta Hidalgo.
Reunión en una mezquita
La principal prueba que hay contra los integrantes de la supuesta organización terrorista, desarticulada en Melilla hace dos años, es una reunión en la mezquita Camellos. Supuestamente se encontraron yihadistas de la ciudad y de Marruecos.
Así lo afirman atestados policiales que vienen del país vecino. Sin embargo, cuando un juez español estuvo del otro lado de la frontera interrogando a las personas que habían hecho estas confesiones, no sacó nada.
La abogada Ana Hidalgo defiende, además, que no hay pruebas de que los detenidos en La Cañada en mayo de 2014 hubieran financiado el viaje a Mali de Zakarías Said Mohamed (alias Abu Al Nur Andalusí), el yihadista de Melilla que murió el pasado mes de marzo en una ofensiva del Ejército francés.
