El Gobierno central, a través de un real decreto, ha otorgado la potestad de las comunidades y ciudades autónomas para amplair el número sectores empresariales y autónomos que pueden recibir las ayudas económicas por la crisis del coronavirus, informó la portavoz dle Gobierno, María Jesús Montero.
Se tratan del paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros y desde el Ejecutivo detectaron un conjunto de sectores objetivos a los que la pandemia les había afectado directamente. Sin embargo, incidió la ministra portavoz, son conscientes de que cada autonomía tiene sus particularidades y es por ello que ampliarán el tipo de sectores económicos que pueden recibir estas ayudas directas
Montero explicó que "cada comunidad autónoma tiene características específicas" que requieren una respuesta personalizada, como ocurre con los sectores del vino o el calzado en algunos territorios.
Esta flexibilidad supondrá que si, por ejemplo, un sector no cumple los criterios de trabajadores en ERTE para ser beneficiario de ayudas a nivel nacional pero sí en una comunidad autónoma, esta región podrá permitirle acceder a las ayudas. Se trata, en definitiva, de adoptar medidas específicas para empresas o sectores que cumplan los criterios generales de caída de ingresos, ha resumido la ministra.
Convenio
Además de ello, el Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades de régimen común y ciudades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha las ayudas directas que el Gobierno ya aprobó para los autónomos y las empresas de los sectores económicos más afectados por la pandemia.
Según un comunicado del Departamento, los tienen que firmar para poder disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de los 7.000 millones de euros que el Gobierno aprobó para destinarlos a inyecciones directas al tejido productivo.
Hacienda aprobó, el pasado 25 de marzo, el reparto territorial, con un compartimento para Baleares y Canarias de 2.000 millones de euros y otro para el resto de autonomías y Ceuta y Melilla, dotado de 5.000 millones.
A esa orden se suma una segunda, del 12 de abril, en la que se detallan los requisitos más técnicos de elegibilidad de los beneficiarios de las ayudas y los criterios para fijar la cuantía de los apoyos directos que recibirán.
Con el real decreto-ley, que aún se tramita como proyecto de ley, las dos órdenes ministeriales y los convenios que ya tienen en su poder, a falta de que los gobiernos territoriales firmen los documentos, se estaría en condiciones de comenzar a desplegar las ayudas directas.
Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior.
El Ministerio insta a los gobiernos autonómicos a que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma. El texto del convenio está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las comunidades ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook.
Los convenios regulan cuestiones relativas al intercambio de información entre los diferentes organismos tributarios, además de la obligación de proporcionar los detalles sobre las convocatorias de ayudas realizadas y los resultados de éstas, es decir, sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios.
Montero ha descartado que alguna comunidad autónoma se niegue a firmar el convenio, algo que vería "escandaloso" y que llevaría al Gobierno a actuar para no dejar "ninguna empresa atrás".
Canarias y Andalucía, con 1.144 millones y 1.109 millones de euros, respectivamente, recibirán las mayores partidas y aglutinan un tercio de los 7.000 millones de ayudas directas, seguidas por Cataluña, con 993,2 millones asignados; Baleares, con 855,7 millones; Madrid con 679,2 millones y la Comunidad Valenciana, con 647 millones. Entre las restantes, Galicia recibe 234,4 millones; Asturias, 107,7 millones; Cantabria, 55 millones; La Rioja, 32,5 millones y Murcia, 142,5 millones.
Aragón tiene consignados 141,3 millones, Castilla La Mancha, 206,3 millones; Extremadura, 106,4 millones; Castilla y León, 232,5 millones; País Vasco, 218 millones; Navarra, 67 millones; Ceuta, 13,8 millones y Melilla, 12,2 millones.
12 millones
El pasado marzo, se supo que Melilla recibirá 12.271.000 euros de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus. El reparto del dinero fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), siendo Melilla el territorio de España al que menos dinero se destina.
La Orden Ministerial de Hacienda que establece el reparto entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Melilla y Ceuta de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos de los que corresponden 12,2 millones a Melilla. El Real Decreto-ley prevé que las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla se hará con cargo a dos créditos extraordinarios. Uno, por importe de 5.000 millones de euros, con destino a las Comunidades Autónomas –con la excepción de Baleares y Canarias– y a las Ciudades de Ceuta y Melilla. Y el segundo, dotado con 2.000 millones de euros, para los dos archipiélagos, que han sufrido un impacto económico superior por la pandemia, dada su especial dependencia del sector turístico.
El mismo documento explica los criterios de reparto y como ya lo había adelantado la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, considera que se “castigó” a la ciudad por tener mejores números que Ceuta, en cuanto a cifras de desempleo, indicador tomado en cuenta.
El BOE explica que los criterios para el reparto van en línea con los utilizados por la Comisión Europea y tienen en cuenta, para el primer compartimento, la caída del PIB, la pérdida de empleo durante la pandemia y el nivel paro juvenil.
El documento indica que “dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas” y agrega que en otro punto que “dos novenas partes de su importe se distribuyen conforme al indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional en 2020”.
La transferencia del dinero a la Ciudad se hará en los 10 días posteriores a la fecha en que adquiera eficacia el Convenio que se celebre con cada una de ellas, de acuerdo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
