Las Fuerzas Armadas son una Institución del Estado, elemento esencial de su defensa, que se rige por principios éticos y morales sin los cuales es complejo llevar adelante sus misiones y afrontar las demandas que el desempeño de sus cometidos plantea. El ejercicio de la milicia es un ejercicio vocacional que demanda notables sacrificios para los que sienten esta vocación y para su entorno familiar. Cuando uno sigue esta vocación es porque no soporta la hipótesis de presenciar el peligro que pueden asumir los ciudadanos de la nación a la que sirve y que a él le pille al margen o en un lugar de menor riesgo que el de los demás. Sin esa vocación, la vida militar es difícilmente soportable o incluso diría que se vuelve imposible. Estos días hemos visto cernirse ciertas sombras de duda sobre la recta actuación de parte de los Mandos de las Fuerzas Armadas en los más altos niveles en el marco del proceso de vacunación nacional contra el COVID-19.
Así, hemos visto un hecho insólito en el devenir histórico reciente de nuestras Fuerzas Armadas, como es la solicitud de cese, a petición propia, por parte del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el responsable militar de más alto nivel de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, la que planea y ejecuta las operaciones militares en las que participan nuestros militares. Dicha solicitud de cese fue inmediatamente aceptada por la Ministra, por, presuntamente, haberse adelantado a su turno en lo que podrían considerarse los protocolos de vacunación nacionales. Posteriormente, hemos sabido que quizás estuviese actuando en cumplimiento de la llamada Estrategia de Vacunación para las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de Instrucciones procedentes de la Subsecretaría de Defensa y con la asignación de las vacunas depositadas en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, dependiente de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
No tengo duda alguna de la rectitud de intenciones del general y de que actuó en el absoluto convencimiento de que no se beneficiaba de privilegio alguno sino de que cumplía con su obligación. No obstante, el resultado final es su cese, que él solicitó, igualmente, en el convencimiento de que era lo más beneficioso para la imagen de las Fuerzas Armadas pero dejando tras de sí un rastro de sospecha que algunos utilizan, a mi juicio, de forma interesada y perversa, en su particular campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas y de malsano culto a los prejuicios sobre los que apoyan sus aseveraciones con respecto a esta Institución del Estado.
De hecho, en la última sesión de la Comisión de Defensa, convocada para que la Subsecretaria de Defensa informase sobre la adopción de medidas relacionadas con los Militares de Tropa y Marinería, la circunstancia fue aprovechada por el portavoz del Grupo Parlamentario de EH Bildu para verter improperios sobre los militares del Estado Mayor de la Defensa que, cumpliendo lo que el Estado Mayor consideró las órdenes de la Subsecretaria, fueron vacunados. Como dice el refranero español, “cree el ladrón que todos son de su condición”. No es capaz de concebir este señor que en los códigos de conducta de nuestros militares, esta práctica de la que el frívolamente les acusa, es sencillamente imposible.
En esa misma sesión de la Comisión de Defensa, la Subsecretaria de Defensa distribuyó entre los Diputados la orden que se había emitido el 13 de enero desde su Subsecretaría y leyó, exclusivamente, el tercero de sus párrafos, que dice: “Por ello, de orden de la Subsecretaria, se solicita a los Ejércitos/Armada, UME y Cuarto Militar de la casa de SM el Rey, se proceda a la vacunación de todo el personal sanitario, por ser crítico, según las indicaciones recogidas en la Estrategia de la IGESAN”.
Obvió mencionar el párrafo precedente, de los cuatro de los que consta el escrito, que ha sido divulgado en algún medio de comunicación en el que citaba a otros de los denominados Grupos Diana en la Estrategia de Vacunación de las Fuerzas Armadas entre los que se incluía al personal de Unidades Operativas (incluyendo su cadena de mando establecida), obviando, igualmente, el hecho de que existiendo 21 sanitarios en el Estado Mayor de la Defensa les fueron asignadas 300 vacunas por parte del Centro Militar de Farmacia, dependiente de la Inspección General de Sanidad.
El JEMAD cesó, de acuerdo. Su sentido de la lealtad al Mando y a la imagen de las Fuerzas Armadas, en las que ha servido 45 años de su vida, así se lo indicaron. Los hechos que motivan el cese no son, a mi juicio, en absoluto evidentes. Dramáticas consecuencias de órdenes equívocas. Haría bien la Ministra en reflexionar sobre ello. La lealtad del General, bien lo merece.
