La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) instaron en la jornada de ayer a la Comisión Europea que investigue “de forma inmediata” las prácticas de control de las fronteras de Melilla y Ceuta. Estas organizaciones han cuestionado las explicaciones que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció el pasado jueves en el Congreso sobre el incidente en el que trece inmigrantes murieron el pasado 6 de febrero en Ceuta y otros 23 fueron devueltos a Marruecos.
En concreto, han señalado que si bien el ministro admitió que los inmigrantes alcanzaron la playa, alegó que no alcanzaron territorio español al no rebasar el cordón de los agentes de la Guardia Civil que se encontraba en la orilla, “justificando de esta manera la no aplicación de la legislación nacional e internacional vigente”.
En este sentido, las organizaciones destacaron que las personas que acceden al territorio español deben ser tratadas conforme a la legislación española y europea de asilo y extranjería.
Así, han asegurado que si se confirma que la devolución de los 23 inmigrantes se hizo sin considerar sus circunstancias individuales o sus necesidades de protección internacional constituiría “muy probablemente” una violación del principio de no devolución establecido en la Convención para Refugiados, de la normativa europa de migración y de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Las tres organizaciones recordaron que la citada normativa obliga a garantizar el acceso a la protección internacional y a respetar el principio de no devolución a países donde puedan ser víctimas de persecución o de trato inhumano o degradante.
Cese inmediato
Por ello, han solicitado al Gobierno central el “cese inmediato” de cualquier práctica que pueda poner en peligro la vida de las personas e impedir su acceso a la protección internacional, así como “una completa e independiente investigación por parte de las autoridades españolas competentes”. Asimismo, han instado a la Comisión Europea a investigar de “forma inmediata” las posibles vulneraciones de las disposiciones contenidas en la directiva sobre procedimiento de asilo y en la directiva de retorno y el Código de Fronteras Schengen, especialmente, en al acceso al procedimiento de protección internacional y al acceso a un recurso efectivo.
Por último, las asociaciones humanitarias han considerado que la Unión Europea (UE) “no puede dar la espalda a tan graves violaciones” de los Derechos Humanos en sus fronteras exteriores y, por tanto, debe poner en marcha los mecanismos necesarios “para garantizar su respeto así como el acceso al procedimiento de protección internacional en las fronteras europeas”.
