Guelaya-Ecologistas en Acción señala que las sanciones a aplicar se imponen mediante la legislación nacional.
El presidente de la asociación Guelaya-Ecologistas en Acción, Manuel Tapia, indicó ayer a El Faro que la normativa de la Ciudad destinada a sancionar el vertido ilegal de residuos peligrosos “es de los años 80” y, por lo tanto “está en pesetas”.
Esta es la causa de que el Gobierno local opte por aplicar en estos casos las multas estipuladas en la legislación nacional. Las sanciones por el vertido de sustancias peligrosas pueden alcanzar los 300.000 euros, como anunció el pasado miércoles el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo.
Según ha comprobado El Faro, la norma a aplicar es la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados, en cuyo artículo 47 b) se establecen las sanciones para las “infracciones graves” por “residuos peligrosos”.
Tapia y otros responsables de Guelaya se reunieron ayer con el consejero y su equipo, quien les informó de las propuestas para solucionar el problema de los vertidos en Melilla.
Entre éstas, según anunció Quevedo el pasado miércoles, está la limpieza sistemática de residuos, cuya responsabilidad se repartirá entre Medio Ambiente, Fomento y el Ejército, que se ocupará de limpiar los terrenos de su propiedad.
Reunión del miércoles
El pasado miércoles se celebró una reunión en la que Quevedo trató con representantes de la Comandancia General de Melilla (Comgemel), Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Consejería de Fomento, Delegación del Gobierno y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el asunto del vertido ilegal de basuras y sustancias tóxicas que tiene lugar en zonas del perímetro de Melilla.
Manuel Tapia valoró de modo “positivo” que la Consejería de Medio Ambiente se reuniera con los agentes citados, pues es muestra de que el área “ha tomado conciencia de que el problema de los vertidos es grave”.
El dirigente de Guelaya planteó a Quevedo la aprobación de una normativa por parte de la Ciudad para sancionar los vertidos. Sin embargo, indicó que el consejero prefiere aplicar por el momento la legislación estatal.
Tapia ve básico que “se apliquen las sanciones”, con independencia de su coste.
