Doce comunidades autónomas junto con las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por parte del PP tomaron parte en la Conferencia Sectorial Energética, una reunión que no se celebraba desde hace años y que los Gobiernos autonómicos del PP agradecieron, ya que el mundo energético está cambiando a pasos agigantados.
Tras este encuentro, los responsables de esta área, en el caso de Melilla, Miguel Marín, han remitido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aegesen una misiva, exigiendo al Gobierno un nuevo MOVES con descuentos directos en la compra de coches eléctricos y reducción del IVA.
Desde el PP consideran que esta reunión representa “una oportunidad clave para fortalecer el diálogo y la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas en un ámbito tan estratégico como la transición energética”. En este sentido, apuntan que “como responsables autonómicos reiteramos nuestra disposición para trabajar conjuntamente, dando continuidad al trabajo que hemos venido desarrollando”.
En el documento enviado a la ministra subrayan que “dada la importancia del coche eléctrico y la necesidad de una transición energética ordenada instan a buscar una solución a la situación generada en torno al Plan MOVES III”.
Lamentan que “el Gobierno no haya sido capaz de prorrogar este programa debido a una tramitación” dicen “apresurada e improvisada, incluyendo su prórroga en un decreto ómnibus que mezclaba diversas materias destiempo, presentado a finales de enero cuando el plazo finalizaba en diciembre”.
Esta situación, añaden, “ha causado incertidumbre en las comunidades autónomas desde el punto de vista legal, dejándonos muy solos y sin respuestas firmes del Instituto de la Diversidad y Ahorro Energético. De hecho, aún no tenemos una respuesta clara sobre cómo manejar las solicitudes que llegaron entre el 1 y el 22 de enero o si van a tenerse en cuenta con carácter retroactivo en el hipotético caso de un nuevo programa de ayudas a la movilidad eléctrica”.
Desde las autonomías del Partido Popular recuerdan que el “presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió hace casi un año un MOVES IV con un diseño diferente. Queremos transmitirle la urgencia de que este nuevo programa sea una realidad lo antes posible y responda a las necesidades actuales”.
Los populares proponen un programa que elimine las complejidades actuales y permita a los beneficiarios acceder a las ayudas de manera ágil y sencilla, gestionado de manera centralizada. De ahí que apunten a la necesidad de descuentos directos en las facturas de los beneficiarios al adquirir vehículos eléctricos o instalar puntos de recarga, así como implementar de reducciones del IVA, siguiendo el ejemplo de países como Noruega, Países Bajos o Alemania o, alternativamente, beneficios fiscales como la deducción del 100 por cien del IVA para empresas que apuesten por la electrificación de sus flotas.
Por otra parte, solicitan una mejora estructural en el diseño del MOVES IV y denuncian que el actual programa MOVES III sigue sin haberse cumplido en su totalidad.
Los responsables de materia energética en las regiones gobernadas por el PP abogan por criterios más flexibles para redistribuir los fondos, ya que las comunidades autónomas “requerimos más autonomía para dirigir los recursos hacia programas, actuaciones o componentes con alta demanda”.
Inciden también en la urgencia de establecer un sistema de información periódico, compartiendo cada tres meses los datos más relevantes sobre la evolución de los programas por comunidades autónomas. “Asimismo consideramos prioritario desarrollar un catálogo de buenas prácticas para que todas las regiones puedan beneficiarse de las experiencias con más éxito”, afirman.
También echan de menos “la falta de claridad sobre los objetivos, ni sobre la metodología que se usará, ni los plazos relacionados con la última ampliación”.
Los mandatarios populares consideran “imperativo” generar confianza y continuar con el programa con el programa MOVES III sin olvidar la puesta en marcha del MOVES IV.
Residuos nucleares
A petición de cinco comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial de Energía 2025 se debatió sobre la posibilidad de modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares. La vicepresidenta Aagesen insistió en que el calendario fue acordado por las empresas y plasmado en un Protocolo firmado en 2019 y que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.
También recordó que dicho calendario prolonga la vida útil de diseño de las centrales, fijado en 40 años, hasta una media 45,8 años, y que el cierre ordenado y progresivo es la base del PNIEC, base del desarrollo renovable que está propiciando la afluencia de inversión industrial.
“El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el PNIEC, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales”.
Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales nucleares.
Respecto al coste de gestión de los residuos radiactivos, un coste operativo de las centrales, Aagesen ha explicado: “cuando llegamos al Gobierno estaba en vigor un Plan de gestión de los residuos de 2006, totalmente desfasado, y ha habido que elaborar un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023.
Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones, que deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’”, explicó, antes de preguntarse “¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?”.
Finalmente, la vicepresidenta ofreció la máxima colaboración del MITECO, emplazó a las comunidades autónomas a aportar más contenidos a las próximas conferencias sectoriales y confía en poder reunirse con cada uno de sus representantes para tratar asuntos concretos de cada territorio.
El PP parece seguir las directrices del lobby electrico o directamente haciendo de lobby despues de la comilona y el buen beber...Personalmente y sin tener en cuenta el tiempo que me lleva cargar la bateria del coche y la cantidad de puntos de recarga de los que presume Miguel Marin. Después de 3 años con un eléctrico he vuelto a coche a combustión, convencional y atmosférico. A pesar de la inversión en tener un cargador en mi plaza de garaje con contrato independiente de mi domicilio y con una tensión contratada como si fuera una disco, al coincidir 3 vecinos más con coches eléctricos cada uno lo suyo ya invertido y gastado resulta que ya superamos el umbral por potencia demandada en todo un edificio de 45 viviendas. La solución que nos dan es una derrama de locura pa implantarnos una central de transformación exclusiva para la comunidad de vecinos. Cabanillas está frotandose las manos, a ver el inepto de Marín lo que opina! El escrito ya lo tiene sobre la mesa.