A lo largo de estos días estamos viendo una batería de propuestas por parte de las distintas formaciones políticas. Hay una de Coalición por Melilla que me sorprende porque es una acción que, desde luego, tuvo su mayor respuesta en los primeros años de la anterior década. Me estoy refiriendo, sin ningún género de dudas, a la posibilidad de recuperar las competencias en materia de Urbanismo que ahora mismo se encuentran en manos del Ministerio de Fomento.
Antes de seguir opinando sobre la bondad o no de esta decisión hay que recordar como se produjo la asunción de esta competencia nuevamente por parte de la Administración General del Estado. Resulta que cuando Melilla accedió a su estatuto de autonomía una de las competencias que le fueron transferidas por parte del Gobierno del Partido Popular fue la de urbanismo y, por tanto, una excepción a la regla en todo nuestro país.
Sin embargo, la llegada del GIL, tanto a Melilla como a Ceuta, con su fama de depredadores del urbanismo en Marbella, hizo que desde el entonces Gobierno de José María Aznar se tocara a generala y se decidiera recuperar esta práctica para los intereses estatales y que no quedara en manos de los Gobiernos autonómicos en ambas ciudades.
En definitiva, se trataba que las grandes decisiones en materia de Urbanismo quedaran bajo la supervisión de una segunda administración, como le sucede a todos los Ayuntamientos de España. De esta manera, hablamos por ejemplo de los Planes Generales de Ordenación Urbana. La explicación que se dio en su momento fue que cualquier ente municipal, no olvidemos que Melilla también tiene esa catalogación, aparte de ser cuidad autónoma, tiene por encima de ellos un ente superior, en este caso, la comunidad autónoma que es la que se encarga de visar y ofrecer una segunda lectura a los grandes planes urbanísticos.
Ello provocó en la época un levantamiento por parte de los partidos que gobernaban, pero no de las dos grandes formaciones nacionales como son el caso de Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Y así se ha venido funcionando en la práctica desde comienzos de la pasada década y nadie había vuelto a levantar la voz sobre este asunto.
Ahora, Coalición por Melilla lo vuelve a situar en el tablero de las promesas políticas y, por tanto, entiendo que es una opción válida, pero igualmente pienso que no es nada malo que cualquier acuerdo de la Ciudad Autónoma de Melilla tenga, por encima, la decisión final de un ente superior como es el propio Ministerio de Fomento. De lo contrario seríamos una excepción en todo el territorio nacional y pienso que tampoco es bueno y más en una ciudad donde la falta de terrenos es algo primordial. Ello no quita para que se luche, de manera, que los trámites en el departamento ministerial correspondiente como el que nos ocupa sean mucho más flexibles y ágiles.
