La mejora de las retribuciones de los funcionarios de Justicia en el ámbito competencial del Ministerio, esto es, en las autonomías que no tienen transferidas las competencias –entre ellas, Melilla- se producirá escalonada y progresivamente en los años 2024 y 2025, en un 50 por ciento en cada uno de los casos.
Por lo que respecta a este año, los atrasos correspondientes a este incremento desde el 1 de enero se abonarán en la próxima nómina. Desde el 1 de enero de 2025 ya se aplicará íntegramente la mejora económica, que oscila entre los 165 y los 250 euros al mes.
Los mayores aumentos corresponderán a los médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Así, los forenses y facultativos obtendrán una subida de 250 euros; los técnicos especialistas, de 195 euros; y los ayudantes de laboratorio, de 180 euros al mes.
En cuanto a los cuerpos generales de la Administración de Justicia, los funcionarios a cargo de la gestión procesal y administrativa percibirán 195 euros más al mes, los encargados de la tramitación procesal y administrativa, 180 euros; y el personal de auxilio judicial, 165 euros.
La Unión General de Trabajadores (UGT) considera “un éxito de la negociación colectiva” el acuerdo alcanzado, que incluye también continuar la planificación para negociar y desarrollar otras materias. Entre estas, se cuentan las medidas relativas a la provisión de puestos de trabajo y reducción de la temporalidad, las medidas relativas a la formación del personal funcionario, las medidas relativas a la protección de la salud y las medidas relativas a la coordinación y gestión del personal y de medios materiales a través de las gerencias territoriales del ámbito ministerial.
Por su parte, CSIF considera que se ha alcanzado "el mejor acuerdo posible" en estos momentos, teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, y confía en que sea el inicio e un camino de diálogo para mejorar las condiciones de todos los funcionarios, con independencia del lugar de destino.
El incremento salarial, acordado entre el Ministerio que dirige Félix Bolaños y los sindicatos CSIF y UGT, se aplicará a través del complemento específico.
La huelga
Tras los incrementos salariales acordados el año pasado para letrados, jueces y fiscales, los funcionarios de Justicia protagonizaron una huelga de más de dos meses y la suspendieron, sin lograr sus objetivos, ante la convocatoria de elecciones.
Retomadas las negociaciones con el Gobierno, hace unas semanas se rompió la unida sindical al comprobar que Justicia no iba a garantizar una subida salarial para los 45.000 funcionarios de esa administración, incluyendo a los que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas.
Pero las negociaciones continuaron. El acuerdo que se ha cerrado beneficiará a 12.000 funcionarios dependientes del Ministerio, lo que incluye a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta, Melilla y los órganos centrales (Audiencia Nacional, Supremo, Registro Civil, Instituto de Toxicología y Fiscalía General del Estado).
