La situación de la Justicia en Melilla es “la normal, con los retrasos propios de los defectos estructurales del sistema, a la que por desgracia ya estamos acostumbrados, pero no es excepcional”. De esta manera se ha pronunciado el juez decano de Melilla, Fernando Germán Portillo, preguntado por la influencia que había tenido la huelga de los funcionarios de Justicia que comenzó el pasado día 22 de mayo y que fue suspendida el 5 de julio hasta la formación de las Cortes y del nuevo Gobierno que salga tras las elecciones generales celebradas el día 23 de julio.
En este sentido, Portillo ha recordado que la huelga de funcionarios en Melilla “no tuvo un gran impacto” en la paralización de la actividad judicial ya que su seguimiento fue “minoritario”. Por ello, al contrario que en otros sitios de España en los que la participación sí fue bastante más amplia, en la ciudad autónoma no ha causado un perjuicio demasiado grande.
Según el juez decano, “se sufrió más con la huelga anterior”, la de los letrados o secretarios judiciales –que contó con un mayor seguimiento- a principios de año.
Al respecto, y comparando ambas situaciones, Portillo confía en que no haya que volver a hablar de una huelga de funcionarios “porque no se atiendan sus legítimas reivindicaciones” y que esta vez sí resulte afectado el servicio judicial. Tal como ha recordado, si los secretarios judiciales ya han conseguido la subida de sueldo que reclamaban, en el caso de los funcionarios debería de suceder igual. De lo que no tiene “duda” es de que si una vez formado el nuevo Gobierno el ministro no se sienta a hablar con ellos, “rápidamente retomarán las negociaciones”.
Además de una oferta económica por parte del Gobierno, entre las peticiones de los funcionarios de Justicia se encuentra la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO).
