La sanidad pública de Melilla no ha practicado ningún aborto aún, según han confirmado fuentes oficiales de Ingesa. Eso no quiere decir, sin embargo, que mujeres melillenses no hayan sido intervenidas para interrumpir el embarazo. Lo que ocurre es que son derivadas a clínicas peninsulares, donde se lleva a cabo la operación, aseguran las mismas fuentes.
De hecho, los últimos datos que se poseen, que datan de 2023, apuntan a que, al menos, 128 mujeres abortaron fuera de la ciudad a través del sistema público, que las llevó a las dependencias donde sí realizan ese tipo de práctica fuera de Melilla, fundamentalmente en Málaga.
Según las fuentes oficiales consultadas al respecto, el hecho de que se hayan contabilizado 128 personas no implica que no haya habido más abortos por parte de las melillenses. En ese sentido, las fuentes explicaron que cada intervención se contabiliza en la comunidad autónoma en la que se haya realizado, lo cual hace más complicado conocer con exactitud el número concreto.
Ingesa, no obstante, tiene la intención de que esas operaciones puedan llevarse a cabo en la ciudad con la puesta en vigor del protocolo para la creación del registro de personas objetoras de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo. Éste fue aprobado en la reunión que mantuvo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a mediados de este mes de diciembre.
Este protocolo tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, al mismo tiempo que se asegura el acceso a la IVE en todo el territorio nacional. Ese registro se realizará también en Ingesa.
El registro en cuestión solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional y solo incluirá al personal que interviene directamente en la práctica del abordo, esto es, médicos especialistas en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación, medicina familiar y comunitaria, enfermería y matronas.
Los datos contenidos en ese registro no se compartirá entre las comunidades autónomas y el acceso al mismo estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para la IVE. Asimismo, se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia.
Solo se podrá practicar el aborto a petición de la embazarada en las primeras 14 semanas de gestación. Si hay causas médicas, el plazo se extiende hasta las 22 semanas siempre que haya grave riesgo para la vida o la salud de la mujer. También se contemplan 22 semanas si hay graves anomalías en el feto o éste sufre problemas de salud incompatibles con la vida.
Objetores de conciencia
Según ha publicado recientemente El Confidencial, todos los ginecólogos que ejercen en Melilla son objetores de conciencia y no hay clínicas privadas en la ciudad que tengan interés en prestar ese servicio. Por eso, las mujeres que deciden abortar tienen que viajar, como poco, a Málaga. En el caso de Ceuta, que vive la misma situación, son derivadas a Algeciras o Sevilla, dependiendo del úmero de meses de gestación. Esto ha sido así desde que se legalizó el aborto en España.
Desde 2023, además, las chicas de 16 y 17 años pueden abortar, incluso cuando no cuentan con el respaldo de sus padres. Tal y como recoge El Confidencial, en Ceuta y Melilla también, pero el proceso se puede complicar al subirse a un avión o a un barco. "No va a bastar con su decisión libre, a pesar de la reforma", subraya Sílvia Aldavert, que ha realizado un estudio al respecto.
Tanto en Ceuta, como en Melilla, sus posibilidades de coger un avión sin acompañante dependen de las exigencias de las aerolíneas, que suelen pedir un justificante o autorización de los progenitores.
Dificultad para viajar
Eva Rodríguez es la directora de tres clínicas que hacen abortos para ceutíes, además de fundadora de la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), y trabaja en la sevillana, que atiende gestaciones de más de 14 semanas. Son las menos frecuentes y las que precisan mayor reposo.
"Mi experiencia es que las que peor lo pasan son las deniveles socioeconómicos más bajos o con situaciones familiares complejas", apunta a El Confidencial. Uno de los problemas que más le trasladan escon quién dejar a sus hijos.
"El viaje es un trauma para algunas porque tienen que buscar excusas; si vienen a Sevilla, hacer noche, gestionar el viaje… Este es el problema y no tanto el tiempo, que se puede alargar, pero no más que en otras comunidades autónomas. Nosotras damos cita en cuestión de días", asegura.
El Confidencial recuerda que el sistema sanitario ceutí y melillense está gestionado por el Gobierno centrala través del Ingesa. Es este organismo el que realiza todos los trámites y el que saca a concurso periódicamente la subvención de los abortos que, en los últimos años, ha recaído en las tres mismas clínicas, las más cercanas en cumplir los requisitos: Algeciras, Málaga y Sevilla. Atienden algo más de cien de estos casos al año, la mayoría subvencionados.
El caso de Ceuta y Melilla no es excepcional. Hasta endoce provincias españolas siguen sin practicarse abortos por ausencia de clínicas privadas y de personas predispuestas a realizarlos en la que, por ley, debería ser la primera opción: los hospitales públicos.
