El artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Melilla (Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) establece las competencias de la Ciudad Autónoma.
En total, el artículo está subdividido en dos subartículos. El primero de ellos es el que marca específicamente las materias sobre las que el Gobierno local tiene jurisdicción, pero acota que las competencias tendrán el alcance que marca el segundo apartado, que dice que “comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción”. Nada se habla de gestión, por tanto, en ninguno de los 25 puntos de este artículo, aunque es verdad que el número 19 se refiere, de una manera genérica, a sanidad e higiene.
Así leído, parecería que habla de las calles, en general, es decir, de su limpieza con el objetivo de mantener cuidada la ciudad y evitar, de esta manera, que se produzcan enfermedades entre la población por esta causa.
La Constitución prevé dos procedimientos de reforma de los estatutos: el general, para las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143.2, que dice que hace falta la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica; y el especial, reservado a los Estatutos de Autonomía aprobados por la vía del artículo 151.1, que solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
Quienes más saben reiteran que lo que es la gestión de la sanidad, en el sentido de los hospitales, clínicas y demás centros médicos, no solamente no depende de la Ciudad Autónoma, sino que no hay manera de que eso sea así salvo modificación en el texto y, como se puede comprobar, el cambio no resulta especialmente sencillo.
Pero, como dice el refranero español, querer es poder, y la Ciudad Autónoma parece empeñada en hacerse con las competencias de sanidad por otra vía. De hecho, no sería una competencia como tal, que seguiría correspondiendo al Gobierno central, sino una encomienda de gestión, algo así como tomar prestadas las competencias de Madrid, pero, claro, contando con el dinero del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. De otro modo resultaría francamente difícil al faltar financiación para ello.
El caso es que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, se ha mostrado convencido de que lo pueden hacer mejor que el Ingesa. Ha venido a decir, más o menos, que no es demasiado difícil y, como garantía, ha aportado la gestión realizada durante los años pasados en el Gobierno. Ha dicho también que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid o Andalucía, si bien tienen sus problemas, cuentan con algunos de los mejores sistemas sanitarios del país.
Aunque los sindicatos no se han mostrado muy seguros de que algo así pueda suceder, están a favor, al menos CCOO, mientras los médicos concuerdan con Imbroda y aseguran que es un viejo anhelo de Melilla y que, como esgrime el jefe del Gobierno local, no es de recibo que la sanidad de la ciudad se dirija desde un lugar situado a 500 kilómetros de distancia como es Madrid.
Hay varias preguntas: Si tanta gente está de acuerdo, ¿no hay forma de convencer al Gobierno y al Parlamento de que sería positivo para Melilla? ¿Por qué no se ha intentado antes, al menos con tanto ahínco como ahora? ¿Sería esto posible con el PP en el Ejecutivo central?
Algo similar sucedería con la educación, otra área esencial en cualquier lugar competencia del Gobierno central en la que tampoco le van las cosas especialmente bien a Melilla, que ha salido muy malparada en el último informe Pisa.
En este punto, si de verdad Melilla quisiera para sí las competencias en educación y sanidad –las joyas de la corona–, quizás se debería pedir la conversión en Comunidad Autónoma, lo que se las otorgaría automáticamente y situaría a la ciudad al mismo nivel que el resto del país en cuanto a capacidad de autogobierno. Esto es algo que se ha escuchado de vez en cuando, pero aquí surge otra pregunta: ¿se abrirá verdaderamente ese melón?
